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Piden indagar a dos “patovicas” acusados de golpear a un joven

La fiscal Adriana Herbociani solicitó además varias testimoniales de los otros encargados de seguridad. También requirió la clausura preventiva del local. El juez de Instrucción 3, Fernando Verón, definirá qué medidas deberán concretarse.

26 julio, 2025

Una semana atrás, un joven de 20 años denunció que recibió una golpiza en un boliche de la costanera de Posadas. El caso se hizo público rápidamente, cuando imágenes de las lesiones que recibió la víctima fueron viralizadas a través de las redes sociales. Denunciaron penalmente a los señalados como autores y la Justicia tomó intervención en el hecho.

Según pudo saber este Diario, la fiscalía de Instrucción 3, a cargo de  Adriana Marcela Verónica Herbociani, solicitó que sean citados a indagatoria dos de los custodios que están señalados en la denuncia como los autores de los golpes y lesiones provocadas al denunciante. En principio bajo la calificación de “lesiones”, pero esto podría llegar a modificarse una vez que se complete material probatorio y en caso que el juez interviniente así lo considere.

También la fiscal pidió que otras cinco personas que estuvieron esa noche y habrían sido testigos de lo sucedido se presenten a dar declaración testimonial en sede judicial.

Respecto al local nocturno, la representante del Ministerio Público solicitó la clausura preventiva y que la Municipalidad de Posadas remita a la autoridad judicial la habilitación formal del establecimiento, así como los planos del lugar y la lista de las personas que allí trabajan.

En cuanto a la víctima, pidió que se sume al expediente la historia clínica del joven lesionado, el parte médico respecto a las lesiones por las que fue atendido y que todo sea remitido a personal del Cuerpo Médico Forense para su análisis.

Los requerimientos fueron comunicados al titular del Juzgado de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, quien entiende en la causa. Será este magistrado el que dispondrá cuáles serán las medidas que se llevarán a cabo.

El pasado miércoles, por orden judicial, Peritos de la Dirección de Policía Científica y de Cibercrimen realizaron una inspección ocular en el boliche. Una de las medidas a determinar era si efectivamente existía un sector “ciego” donde las cámaras no podían tomar registros.

 

TAREAS. Personal de Policía Científica de la UR-I y de Cibercrimen fueron al local para cumplir lo ordenado por la Justicia en el inicio de la investigación.

 

Primeras versiones

Según lo informado desde la familia de la víctima, fue atendido por hematomas múltiples, pérdida de conocimiento, pérdida parcial de visión en un ojo y dificultades auditivas. También  sufrió una luxación de hombro, contusiones en el pecho, lesiones internas en la boca y múltiples excoriaciones. El joven trabajaba como barbero y cursaba estudios universitarios.

En base a lo que denunció, a las 3.30 del sábado 12 de julio se encontraba en un sector VIP del boliche junto a un amigo. Luego de permanecer algunos minutos y sin darles explicaciones, los hicieron salir de ese lugar.

Siempre según su relato, se movieron hacia otro sector y se quedaron allí por más de dos horas y media sin problemas, hasta que el mismo personal que los había desplazado volvieron a acercarse a ellos a las 6, pero ya para llevarlos a un sector donde no hay cámaras de seguridad, un punto “oscuro” donde habría ocurrido la agresión.

El joven manifestó públicamente que lo tiraron al piso, le pusieron la rodilla en el pecho y comenzaron a pegarle sin entender por qué lo hacían.

Además de las fotografías con las marcas en el rostro de la agresión, la familia habría accedido a filmaciones aportadas por otros concurrentes, en los cuales se vería a los custodios cuando tenían al joven en el piso. Éstas también serían analizadas como parte del material para fundamentar la denuncia acerca del ataque en un lugar donde las cámaras de seguridad del local no pueden registrar lo que sucede.

 

Tags: #Judiciales#PosadasGolpizaIndagatoriaMisionesPatovicasViolencia
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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