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Eugenio Semino: “Aun con la nueva ley, estamos lejos de cubrir las necesidades básicas”

Tras la sanción definitiva de la ley que actualiza haberes y bonos jubilatorios, el defensor de la tercera edad advirtió que la situación ya no es solo de deterioro económico, sino de vidas en riesgo.

11 julio, 2025

En medio de una jornada marcada por las tensiones políticas, el Senado de la Nación aprobó ayer jueves, por 52 votos a favor y 0 en contra, la ley que actualiza los haberes previsionales y eleva el bono mínimo para jubilados de $70.000 a $110.000. La sesión fue impulsada por la oposición y rechazada por el oficialismo, que calificó el debate como “inválido”.

Frente a este escenario, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, advirtió en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que el país atraviesa una crisis humanitaria que afecta directamente a los jubilados. Y aunque celebró la aprobación de la ley, alertó que la cobertura económica sigue siendo insuficiente y que la disputa política no puede frenar la respuesta urgente del Estado.

“Todo esto ya lo vivimos hace un año y medio. Se había sancionado algo muy similar y fue vetado por el Poder Ejecutivo. Hoy estamos en un déjà vu, pero con una situación social mucho más grave”, afirmó Semino. Desde la Defensoría, recordó, se cuestionó judicialmente el veto anterior por considerarlo inconstitucional, y esas causas aún se tramitan en juzgados federales de distintas provincias.

“La situación hoy es desesperante. Nosotros venimos hablando de crisis humanitaria hace tiempo. Pedimos que se decrete una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para los jubilados”, señaló.

El defensor explicó que su oficina atiende entre 200 y 400 casos diarios de personas mayores que no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales. “La última canasta básica del jubilado, con gastos de vivienda, superaba el 1.200.000 pesos en abril. Pero hoy hay 5 millones de jubilados y pensionados que perciben apenas 379.000 pesos por todo concepto. Eso es indecente”, denunció.

Además, agregó que unas 500.000 personas con discapacidad cobran pensiones no contributivas de $330.000, y que las Prestaciones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) están en cifras similares, apenas $350.000.

En cuanto al impacto económico de la ley recientemente aprobada, explicó que la suba implicaría unos $60.000 adicionales, llevando los haberes mínimos a unos $440.000, pero aun así “seguimos muy lejos de poder cubrir las necesidades básicas”.

Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la norma, Semino fue claro: “El Estado -en sus niveles nacional, provincial y municipal- tiene que actuar de inmediato. Más allá del veto, hay vidas en riesgo”.

El defensor fue especialmente crítico con el deterioro progresivo del sistema previsional. “A través de las distintas administraciones, el haber del jubilado se fue deteriorando, y los fondos de la seguridad social -que debían ir al trabajador- se usaron para todo menos para él. Hoy se discute si se le da una limosna a quien trabajó 30 o 40 años y construyó esta sociedad”, lamentó.

También denunció la falta de comprensión de la política sobre la gravedad del problema: “Los políticos ven expedientes, pero no ven el sufrimiento real. Hay gente que viene a la Defensoría y me dice: ‘El médico me indicó esta pastilla dos veces al día, pero solo puedo tomarla día por medio porque no la puedo comprar’. Y estamos hablando de un antihipertensivo”, contó.

Semino relató además que muchas personas mayores duermen en la calle, en refugios o en pensiones, donde el alquiler de una pieza con baño compartido puede costar hasta $250.000, es decir, el 80% de una jubilación mínima.

“Después de todo lo que pasó ayer en el Congreso, hoy tengo una cola en la puerta de la Defensoría. Son los que no tienen adónde ir, los que deben buscar un comedor para almorzar o pasar el día”, describió.

También apuntó contra el mito de que los adultos mayores pueden ser sostenidos por sus familias: “Eso ya no existe como antes. Las estructuras familiares cambiaron. Hay personas totalmente solas, sin red social ni contención. El Estado tiene que identificarlas y asistirlas. Se puede hacer fácilmente cruzando padrones de ANSeS, PAMI y obras sociales”, subrayó.

En un contexto de alta morbilidad invernal, advirtió que ya no hay camas de internación disponibles, lo cual agrava el riesgo para esta población vulnerable.

Consultado sobre las movilizaciones históricas, confirmó que seguirán con las marchas de los miércoles, una tradición de más de 35 años. “Participé desde joven, cuando dirigía hogares públicos durante la dictadura. Hoy ya soy mi propio objeto de estudio”, dijo con ironía.

Finalmente, Semino lamentó que se haya perdido la conciencia social sobre el envejecimiento: “Antes, las movilizaciones eran masivas. Hoy se naturalizó que si alguien llega a viejo, que se arregle como pueda. Pero la biología nos ofrece 20 o 25 años más de vida plena. En el mundo se aprovecha. Acá, lamentablemente, se aplica una lógica del descarte”.

Adicciones en la escuela: han detectado “docentes que están en situación de consumo”https://t.co/yPGC1xHZpP

— PRIMERA EDICIÓN (@DiarioPrimera) July 12, 2025

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Tags: ArgentinaAumentoCrisis humanitariaDefensoríaEugenio SeminoFM 89.3JubiladosTercera Edad
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FM 89.3

Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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