El juez federal Sebastián Casanello resolvió este jueves el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en el marco de la causa conocida como “Seguros”, por el presunto direccionamiento de contratos a favor de un broker amigo durante su gestión. La medida incluye un embargo sobre sus bienes por $14.634 millones.
El magistrado lo consideró autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en una resolución que supera las 400 páginas. Junto con Fernández también fueron procesados el empresario Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero (histórica secretaria del ex mandatario), y varios ex directivos de Nación Seguros.
La investigación determinó que la empresa de Martínez Sosa —quien tenía vínculos estrechos con el ex presidente— acumuló contratos con 19 organismos públicos entre 2019 y 2023, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, la Casa de la Moneda y hasta la Corte Suprema. En total, la firma y sus allegados cobraron más de $2.297 millones en comisiones, casi el 60 % del total abonado por ese concepto durante la gestión.
También fueron alcanzados por el procesamiento, aunque sin prisión preventiva, el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.
La causa había cambiado de juez en febrero, tras la salida de Julián Ercolini. Casanello decidió revisar todo el expediente, profundizar algunas líneas y sumar nuevas pruebas. Entre ellas, un extenso informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue considerado clave: reveló que Fernández le facturó a Martínez Sosa $4.257.000 entre 2010 y 2019, antes de asumir la presidencia. Según los abogados, se trataba de informes sobre coyuntura política y económica.
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— FM De las Misiones (@fmdelasmisiones) July 10, 2025







