Ayer se cumplieron cinco meses del femicidio en San Vicente de Daniela Carmen Radke, la joven de 23 años hallada ahorcada y abusada entre malezas a la vera de un camino terrado. Fue el sexto crimen por violencia machista registrado hasta ese momento en Misiones en 2023. Pero la lista no se detuvo y en septiembre pasado, en San Pedro, hallaron a una adolescente asesinada a estocadas de cuchillo y escondida envuelta en plásticos y frazadas adentro de una heladera. Fue el séptimo caso y la víctima se identificó como Adriana Estefanía Dos Santos (16).
Carla Daniela Talavera (31), es la coordinadora en Misiones del observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), y dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre esta problemática y alertó que las responsabilidades estatales no están a la altura que se exige para frenarla.
“El trabajo de campo en Misiones es muy poco sobre la violencia de género. Nosotros hacemos hincapié hace bastante tiempo en que se debe trabajar muchísimo, hacer territorio también en el interior de la provincia. Hablamos de la gravedad de los casos de San Vicente y el último femicidio en San Pedro, esto nos dice que hay que trabajar de manera real, contundente, dando capacitaciones, haciendo lo posible para dar visibilidad y también para que las víctimas de violencia machista sepan que pueden llamar, a dónde tienen que acudir, cómo funciona cada una de estas herramientas de asistencia porque, por ejemplo, les brindan un botón antipánico pero ni siquiera le explican cómo funciona. Cada denuncia tiene que tener un seguimiento y tienen que explicarles cómo funciona cada herramienta”.
Talavera agregó que “en Misiones son preocupantes los índices relacionados a la violencia de género y femicidios. En Misiones, en lo que va del año, hemos registrado siete femicidios y 79 tentativas. En septiembre fueron doce los intentos de femicidios”.
Acciones urgentes
En cuanto a las acciones a tomar de inmediato al respecto, remarcó: “Lo venimos exponiendo tanto a nivel provincial como nacional. Son dos cuestiones, dos grandes herramientas fundamentales que se deben aplicar. Una es la aplicación de la ley Micaela como corresponde y también la ley de educación sexual integral (ESI), que por cierto ayer (por el miércoles) se cumplieron 17 años que rige”.
“La ESI desde nuestro análisis, de nuestros seguimientos del territorio, es prácticamente nula en Misiones. La aplicación como corresponde a las instituciones, hay que recordar que esta ley debe ser abordada por todas las instituciones, por todas las casas de estudios, ya sean de gestión privada o estatales, pero que no lo están haciendo. Y en las instituciones que lo hacen, lo hacen de la manera que no está estipulada. Se dictan dos o tres talleres por año cuando no tendría que ser abordada de esa manera porque gracias a esta ley se detectaron (en las escuelas) muchísimos casos de abuso, casos de violencia intrafamiliar, se pudo prevenir también porque se enseña a las infancias, a las adolescencias, a poder encontrar las herramientas necesarias, a dónde acudir, a dónde tienen que ir y qué está bien y qué está mal. También enseña a respetar las diversidades, que los niños puedan saber que el otro es diferente y que no está mal”.
En cuanto a cuál es el área del Estado que debería garantizar la aplicación de la ley amplió: “Primeramente el Estado nacional, seguido acá en Misiones del Estado provincial y por supuesto que el Ministerio de Educación es el que tiene que garantizar que esto sea abordado como corresponde de todas las escuelas”.
Desde MuMaLá, Talavera aseguró: “Hoy por hoy estamos con el ‘ni un paso atrás’, no vamos a votar a la derecha, porque justamente la posición que toma es la de convenir en dirección a anular las leyes que hemos logrado, a cerrar ministerios, todas estas cuestiones que la hemos ganado a través de la lucha, porque a nosotras las mujeres y las disidencias nadie nos regaló nada, eso es así, lo hemos ganado poniendo el cuerpo en las calles y contra las muertes que ocurren cada 21 horas”.
La ausencia policial
La violencia de género aumenta y en la provincia los intentos de las víctimas por recurrir por una solución o al menos un lugar donde sobrevivir, chocan con los servicios de las instituciones responsables de la seguridad.
Sobre el rol policial, Talavera planteó que las fuerzas de seguridad no “cumplen con las capacitaciones relacionadas a la violencia de género como corresponde. Nos llegan primero a nosotras casos de víctimas porque no saben cómo realizar la denuncia. Por ejemplo, a una persona que decidió romper con ese vínculo, con ese círculo de la violencia, se acerca a la comisaría más cercana a pedir ayuda y no le toman la denuncia. O en la policía intentan justificar lo que sufren, le hacen preguntas que no son pertinentes”.
“Hay que comprender que una persona cuando decide romper con ese círculo es porque en ese momento tuvo la valentía de hacerlo y muchas veces va con lo puesto a la comisaría y con los hijos en los brazos, y ése es el lugar y momento específico donde la policía tendría que tomar con real importancia la situación, tomar la denuncia pertinente e indicar también qué pasos tiene que seguir esa denunciante”.
“En Misiones recalco, en el interior no está ocurriendo esta asistencia. Es totalmente nula la atención. Muchas veces se lavan las manos, le dicen en la comisaría a la víctima que quiere denunciar que en ése lugar no corresponde, cuando hoy las denuncias por violencia de género tienen que ser tomadas en todas las dependencias policiales. No es como antes, únicamente en la Comisaría de la Mujer. Hoy por hoy cualquier comisaría está destinada para tomar una denuncia y mayoritariamente, ocurre lo mismo, no les reciben las denuncias”.
“Por eso también tenemos casos de femicidios que han ocurrido y otros que están en proceso, ya no de investigación sino casos para llegar al juicio. A los familiares y víctimas no les informan cómo transcurre el proceso judicial del femicida. Este nivel de incertidumbre revictimiza y las familias tienen que andar corriendo por juzgados y fiscalías por una respuesta que, al final, tampoco se la dan”.