Hace siete años que en la provincia de Misiones comenzó a funcionar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y durante todo ese tiempo las líneas de acción que desde allí se llevan a cabo se han ido evaluando y mejorando a fin de realizar relevamientos óptimos que aporten datos e información certera para luego ejecutar medidas de apoyo más eficientes y contribuir a la elaboración de políticas públicas.
Se trata de una entidad que funciona en el ámbito de la Legislatura provincial y trabaja a partir de estándares internacionales en materia de derechos humanos que buscan cumplir la aplicación de la Convención que trabaja en contra de la tortura, penas crueles, degradantes e inhumanas hacia personas en contextos de encierro. Estas políticas “macro” establecen la creación de un comité a nivel nacional, y a su vez las provincias también conforman sus mecanismos locales.
Entonces, “esta institución tiene como principal función verificar la aplicación convención, controlar y monitorear espacios de restricción de libertad, no solamente de unidades penales y comisarías, también monitoreamos institutos de salud mental, hogares de niños, niñas y adolescentes y las residencias de larga estadía de adultos mayores”, explicó el doctor Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, en una entrevista en vivo con el equipo de la FM Santa María de las Misiones.
En cuanto a la forma en que reciben las denuncias, enumeró que WhatsApp es uno de los medios, la línea telefónica, la página web y sobre todo durante las actividades de prevención que realizan en cada institución. Entre 300 y 400 visitas llevaron en los últimos años a nivel provincial, a partir de las cuales detectan qué tipo de situación se presenta. “Si tiene carácter de tipo penal o lesiones, presentamos la denuncia penal respectiva; y si no tiene esa magnitud lo resolvemos por vías administrativas ante los organismos pertinentes”, aclaró.
Consultado acerca de si prosperan o no esas denuncias en el ámbito penal, dijo que han avanzado bastante y experimentado distintas metodologías de trabajo: “De cada 10 personas que entrevistábamos, entre 8 y 9 nos manifestaban tener problemas relacionados a los malos tratos por quienes tienen a cargo la custodia y seguridad, y solamente uno o dos casos hacían referencia a cuestiones de índole procesal”.
En este punto aprovechó para aclarar que lo anterior no significa que no existan hechos de violencia institucional en contextos de encierro, pero que mayormente emergen problemas relacionados al ámbito procesal y otras cuestiones que generan conflictos, como por ejemplo, “la cantidad de federales que hay detenidos en Misiones con prisiones preventivas”, criticó.
Aportó que durante los primeros años de trabajo han realizado alrededor de 40 denuncias penales, y con el pasar de los años advirtieron que ese número se redujo notablemente, porque en 2022 “han hecho alrededor de 15 denuncias”.
Al respecto, hizo una salvedad sobre la labor de la Policía de Misiones, que “está haciendo un buen trabajo”, porque “casi todas las intervenciones no están relacionadas a malos tratos”, y las que predominan tienen que ver con “reclamos de los internos por celeridad de su situación procesal y más respuestas de sus causas”.
Sobrepoblación de detenidos en comisarías
Scherer insistió en que hay que tener presente que las comisarías “no son para alojar personas de forma permanente, sino de forma transitoria”
“Hoy en día en Misiones tenemos alrededor de 600 detenidos en comisarías en forma cuasi permanente, de los cuales 500 son detenidos por delitos ordinarios o provinciales, y creo que hay alrededor de 60 de federales en comisarías. Esto genera, en algunas de ellas, sobrepoblación y por supuesto conflictos internos”, agregó
Por ejemplo, en una Unidad de San Vicente, contó el entrevistado contó que un espacio ideado para 15 personas estaba habitado por 35, y las condiciones no daban abasto. “Es casi imposible tener en condiciones un lugar que supera el doble de personas respecto a la capacidad edilicia”, apuntó.
Sumó que en los últimos años se ha reducido cerca del 40% de los federales alojados en comisarías. “Estábamos hace un año en 100 y ahora estamos en 62; se está logrando descomprimir un poco pero todavía falta”. Aclaró además que en la actualidad hay 155 comisarías y no todas tienen capacidad para alojar detenidos.
También puso en relieve que otro de los problemas que hay en la provincia es que el policía “debe dedicarse a cuidar al vecino, al barrio, ese es su trabajo, y no a custodiar personas detenidas; pero en muchas comisarías eso sucede y repercuten en otras situaciones”, lamentó.
La falta de un sistema procesal más dinámico
En esta instancia, Eduardo Scherer apuntó contra la falta de colaboración y compromiso del sistema nacional, y opinó que en Misiones, una provincia rodeada de fronteras, predominan los delitos de contrabando y quienes se encargan son las fuerzas provinciales, lo cual genera una gran cantidad de personas detenidas.
“Cuando en realidad esas personas tienen que estar detenidas en centros de jurisdicción nacional, porque tienen un régimen penal distinto que debe ser solventado con recursos nacionales y no de las provincias, porque se trata de bandas delictivas sofisticadas por el delito que realizan, entonces tienen que tener un abordaje distinto a los delitos comunes, de los cuales sí debe ocuparse la justicia provincial”, argumentó.
El presidente de la Comisión anticipó que durante los próximos días estarán terminando el informe actualizado con los datos exactos de cuantas personas están privadas de su libertad en comisarías y unidades penales, entre otras variables relevantes que indagan cuando visitan cada institución. “Estos informes con datos objetivos permiten al ciudadano conocer la situación actual y a las instituciones públicas les permite diseñar políticas a partir de información transparente y precisa”, describió.
De hecho, dijo que “están gestionando con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación algunas reuniones -probablemente la semana próxima, en Buenos Aires- para tratar posibles soluciones a partir de los resultados que plasmarán en el informe”.
En otro orden, añadió que la Nación no aporta nada de recursos para el mantenimiento de comisarías en la provincia que alojan internos federales. “No aportan nada en cuanto a comida, trabajo en las instalaciones, traslado; es un dolor de cabeza que la provincia lidie sola con eso. Por eso, es un tema que debe tener solución desde el ámbito nacional”, criticó.
Prisiones preventivas
En números, Eduardo Scherer informó que, en promedio, “de los alojados provinciales en el marco del Servicio Penitenciario el 50% están con prisión preventiva, y el otro 50% está condenado“.
Por su parte, en las comisarías, “alrededor del 98% están procesados; y hay algunos condenados que permanecen allí transitoriamente por una cuestión de trámites y cercanía”, aclaró.
“Cuando hicimos el primer informe de preventiva vimos que alrededor del 70% de los presos del servicio provincial estaba dentro del plazo de razonabilidad de los dos años. En Misiones no tenemos límite de tiempo de prisión preventiva, pero sí hay una ley nacional que se aplica para los detenidos federales”, describió, a la vez que agregó que “en 2022 pasamos a un 90% en ese plazo de razonabilidad y un 10% fuera de ese plazo”.
“Sería ideal que se usen las prisiones preventivas como una metodología de excepción y no de regla”
Reinserción y panorama del sistema penitenciario en Misiones
Eduardo Scherer enfatizó trabajan mucho ese tema desde la Comisión, y que el índice de reincidencia en Misiones “está alrededor de 10%”, lo cual “es bajo”, ya que “en nación ronda el 35%”.
En cuanto a la población carcelaria en la provincia, dijo que “es mansa” y es peculiar, en comparación a otras unidades del país. “Todos tienen acceso a la comunicación. No dentro de los pabellones, pero en los salones de usos múltiples tienen un horario pautado de utilización de dispositivos y están constantemente supervisados; además no todas las unidades penales tienen acceso a internet”, explicó.
Por último, el presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura se refirió a la problemática de las adicciones, y celebró la implementación de un modelo de asistencia y seguimiento que impide el alojamiento de menores de edad en Comisarías, también la sujeción a ciertas prácticas y los asiste para lidiar con el consumo de estupefacientes.
“La verdad es que hemos logrado reducir en 50% la cantidad de chicos en el Instituto de Correccional de Menores gracias a se abordaje integral previo“, destacó
Además se implementaron unidades terapéuticas y muchas de las personas que asisten están privadas de su libertad por consumo problemático de alcohol u otras sustancias. También concurren personas con problemas de salud mental que avanzan exitosamente en sus tratamientos, “y se han logrado resultados muy positivos”, contó Scherer al finalizar la entrevista.
