La crisis política en Paraguay en 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por el Parlamento de ese país.
Este órgano acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de 17 muertos.
En un “trámite exprés” el lunes 21 de junio, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes, sobre un total de 125 congresistas, decidió destituirlo de su cargo.
El trámite pasó al Senado, que el viernes 22 completó el proceso.
Con ello se convirtió en el tercer presidente paraguayo en ser sometido a este proceso, siendo José P. Guggiari el primero en 1923 y Raúl Cubas Grau el segundo en 1999.
A Lugo lo reemplazó su vicepresidente Federico Franco, quien tuvo una atribulada gestión hasta el final de su mandato.
Cronología de la destitución
15 de junio
Al menos seis policías y once campesinos murieron en un enfrentamiento durante el desalojo de una propiedad rural en el noreste de Paraguay, en una zona fronteriza con Brasil. El ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas, dejan el cargo tras la masacre. El Congreso resuelve conformar una comisión para investigar los hechos y fijar responsabilidades concretas.
16 de junio
Lugo toma juramento al nuevo ministro del Interior, el ex fiscal general Ruben Candia, un hombre vinculado al opositor Partido Colorado, buscando descomprimir la crisis.
17 de junio
El juez José Benítez decreta la prisión de doce campesinos “sin tierras” y declara a otros 46 en rebeldía.
18 de junio
Organizaciones campesinas de Paraguay reclaman justicia y aseveran “que el Gobierno debe dar la cara”, durante el entierro de siete de los once labradores fallecidos.
20 de junio
Lugo ordena crear una comisión especial investigadora, en la que participaría la Organización de Estados Americanos (OEA), para arrojar luz sobre el enfrentamiento entre policías y campesinos. El mandatario confirma además en el cargo al ministro del Interior, lo que desata la ira de sus aliados del Partido Liberal. Los opositores critican su reacción por considerarla tibia.
21 de junio
La Cámara de Diputados de Paraguay aprueba casi por unanimidad un proceso de juicio político contra Lugo por su responsabilidad en el enfrentamiento entre policías y campesinos. El presidente dice que no presentará su renuncia y se someterá al juicio porque “no existe ninguna causa valedera ni jurídica ni política” para su salida.
El Senado, encargado de llevar a cabo el juicio, recibe la acusación contra el presidente y convoca a sesión extraordinaria. La acusación queda a cargo de cinco diputados que ejercen como fiscales. Las Fuerzas Armadas aseguran que se mantienen dentro de su función respetando el orden institucional y democrático.
Los jefes de la diplomacia de Brasil, Argentina y Uruguay (socios de Paraguay en Mercosur), así como de Venezuela, Chile y Perú, y el secretario general de UNASUR, el venezolano Alí Rodríguez, llegan a última hora a Asunción procedentes de Río de Janeiro para mediar en la crisis.
Centenares de manifestantes se congregan frente al Congreso en Asunción para respaldar a Lugo.
22 de junio
Lugo denuncia que se enfrenta a un “Golpe de Estado exprés”. Por 39 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones en el Senado, el Presidente fue destituido del cargo por “mal desempeño de sus funciones”. Media hora después asumió en su lugar el vicepresidente Federico Franco.
