Luego de la batalla de Caseros, donde se consagró el triunfo de Justo José de Urquiza sobre Juan Manuel de Rosas, el 3 de febrero de 1852, el vencedor, a cargo de un poder de hecho, optó por seguir una política conciliatoria con las provincias, para lo cual comisionó a Bernardo de Yrigoyen con la misión de lograr la adhesión de todas para conseguir la unidad nacional y transformar en jurídico su poder de facto.
Urquiza pretendía que los partidarios de Rosas se sumaran a la causa nacional, olvidando sus rencores, bajo la consigna de “no hay vencedores ni vencidos”.
Irigoyen obtuvo el compromiso de los gobiernos provinciales para preparar la organización nacional y Urquiza se convirtió en el depositario del manejo de las relaciones exteriores, por el Protocolo de Palermo, del 6 de abril de 1852, firmado entre las provincias de Buenos Aires y las del Litoral.
Por dicho protocolo también se decidió dar cumplimiento al Pacto Federal de 1831, para reunir en Santa Fe una Comisión representativa con facultad de convocar a un Congreso constituyente.
Luego del éxito de la misión de Irigoyen se decidió no reunir la comisión representativa, citándose directamente a los gobernadores, lo que se realizó en San Nicolás de los Arroyos, al noreste de Buenos Aires, lugar al que concurrieron los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.
Allí se firmó un acuerdo, el 31 de mayo de 1852, basado en el proyecto del correntino Juan Pujol, por el cual los gobernadores se comprometían a realizar la organización nacional bajo el sistema federal.
Por el artículo primero, de un total de 19 y 1 adicional, el Pacto federal de 1831 era declarado ley fundamental de la república. Este fue el tratado base para la Constitución Nacional de 1853.