SAN IGNACIO. Hartos de la precarización laboral y los salarios paupérrimos, en julio de este año los trabajadores de las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), protagonizaron una singular protesta, que consistió en liberar las puertas de entrada del predio, para que los turistas puedan ingresar gratuitamente y al mismo tiempo interiorizarse acerca de la insostenible coyuntura que atraviesa a los trabajadores del sector. Los motivos de la protesta son que la mayoría de los empleados trabaja bajo la modalidad de los llamados “contratos basura”, que se renuevan cada seis meses y que despojan al trabajador no sólo de toda estabilidad laboral, sino que además no les permite acceder a cobertura social, ni aguinaldo, ni vacaciones acordes. Todos los derechos consagrados para cualquier trabajador del país, quedan totalmente licuados por este sistema utilizado por el Gobierno provincial en numerosas dependencias, en el marco de un claro proceso de flexibilización laboral. Dentro de este cuadro, el grueso de los empleados de Ruinas son monotributistas, por lo que hasta se ven privados de acceder a la asignación universal por hijo. Estos trabajadores precarizados están bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Provincia, cuyo titular es Sergio Dobrusin. ¿Cuál fue la reacción de Dobrusin ante la medida de fuerza? Como primera medida, despidió a dos empleados, a modo de amedrentamiento para los demás. Luego siguieron los aprietes y las amenazas. A instancias de Dobrusin, incluso se obligó a varios empleados contratados- mediante amenazas- a desafiliarse del gremio ATE, única representación posible para este tipo de empleados precarizados. Hoy, los empleados analizan nuevas medidas de fuerza y denuncian que desde que está Sergio Dobrusin al frente del área, las condiciones laborales se volvieron completamente adversas, siendo la persecución a trabajadores un sello distintivo de la gestión. La situación, motivó incluso un proyecto de declaración del Honorable Concejo Deliberante de San Ignacio, en el cual se expresa la preocupación por el contexto laboral de los contratados y monotributistas de ruinas. A continuación, un panorama que sirve para entender el grado de precarización extrema que vienen padeciendo el sector que trabaja en uno de los puntos turísticos de mayor recaudación en la provincia. Despidos arbitrariosde cara a fin de añoLuego de la medida de fuerza de julio, se abrió una mesa conciliatoria en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde el ofrecimiento de la patronal fue de 400 pesos en negro y en tickets del IPLyC, para cada trabajador que cobrase menos de 2.700, y una promesa de pase a planta permanente a un grupo de trabajadores, que hasta ahora no se cumplió debidamente. La mesa se cerró e inmediatamente después, Dobrusin echó a dos de los trabajadores que habían participado de la huelga en julio. Se trata de Jorge Cherey y otro trabajador de apellido Godoy. Hoy, uno de los reclamos que los trabajadores es que se reincorpore de inmediato a los empelados despedidos arbitrariamente y en clara maniobra amenazadora para los demás obreros. Esta semana PRIMERA EDICIÓN arribó al domicilio de Cherey para conocer su situación. “Recibo la carta de despido el 10 de octubre, cuando habían terminado las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Yo llevaba cinco años trabajando con un contrato basura, como monotributista, y lo único que hice fue unirme a mis compañeros para reclamar por la estabilidad laboral, porque con estos contratos de cada seis meses, amenazan al personal, los mantienen amenazados y desprovistos de los derechos laborales básicos. Me echaron, y está claro que fue una señal de alerta para los demás compañeros, para que se desafilien del gremio y no luchen por sus derechos”, indicó Cherey, quien de cara a fin de año, permanece desocupado dijo “es muy difícil conseguir trabajo cuando se pasó los cuarenta años, por eso es tan necesaria la estabilidad laboral que a los trabajadores de ruinas se les niega”. También resulta compleja la situación del otro empleado despedido por Dobrusin. “Godoy tiene cinco hijos y su mujer está embarazada, la verdad es que echar a una persona en estas condiciones es realmente repudiable y habla de por sí solo con qué clase de gente estamos tratando”, expresó el delegado de ATE de los empleados de Ruinas, Ramón Toledo. Apoyo explícito a la dignidad laboralYa suman diez mil las firmas en adhesión a la lucha de los trabajadores de las Ruinas de San Ignacio, tanto de vecinos de la ciudad como de visitantes y turistas. Incluso en el libro de visitas de las ruinas, se observa una enorme cantidad de adhesiones de diversas procedencias. “Señores gobernadores, es una vergüenza que tengan en estas condiciones a los trabajadores de este lugar tan importante. Apoyo junto a mi familia la lucha de ellos por la dignidad laboral”, dice un mensaje firmado por una visitante de Chubut. “Yo creo que con el valor de la entrada y la cantidad de visitas debería tener más comodidad el lugar y el personal mejores condiciones, me parece muy justo el reclamo”, firmó Juan Pablo Sava, de Buenos Aires. Además, se están estableciendo lazos para denunciar la situación a nivel nacional e incluso dar a conocer el grado de precarización laboral a la Unesco, ya que las ruinas jesuíticas son patrimonio de esa entidad internacional, que debería estar al tanto de la delicada situación. Derechos laborales en ruinasLa nómina del personal que trabaja en las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio se compone de 43 empleados. De éstos, solamente siete trabajan en planta permanente, es decir, en relación de dependencia y con los derechos laborales consagrados. Todos los demás están violentamente precarizados, bajo el sistema de contratos basura. Explica el delegado de ATE Ramón Toledo: “El reclamo que venimos llevando a cabo los trabajadores de Ruinas es por el cumplimiento de las leyes laborales que nos amparan. Por la estabilidad laboral. Actualmente ellos nos tienen con un contrato que se renueva cada seis meses y que en una cláusula que garantiza a la Provincia el despido en cualquier momento, es una flexibilización total. No cobramos aguinaldo, ni salario universal, tenemos cinco días de vacaciones al año y ninguna cobertura social, es una explotación absoluta”. Este tipo de contratos basura, se denomina formalmente “Contrato de Locación de Servicios con pago de Honorarios”, es firmado directamente entre Sergio Dobrusin y los contratados. En efecto, la cláusula 6 de dicho contrato desprotege por completo al trabajador: “La Provincia se reserva el derecho
de rescindir el contrato en el momento que lo estime conveniente sin dar lugar a indemnización alguna”. El salario previsto en el contrato es elocuente en cuanto a su modestia: 2.482 pesos. “Hay empleados con 25 años de antigüedad que siguen siendo contratados, trabajamos en condiciones lamentables, con dos mil pesos de sueldo, ni siquiera nos dan el almuerzo que por ley nos correspondería y encima hay que soportar todo tipo de aprietes por parte de este señor (por Dobrusin)”, indicó el delegado Toledo. Por su parte, el concejal del Frente para la Victoria, Ernesto Gómez, soslayó que “es preocupante el grado de precarización laboral de los empleados de Ruinas. Y ahora hasta los están persiguiendo para que no reclamen algo que es totalmente justo, por las condiciones en las que están trabajando. Son todos hijos de este pueblo, que hoy están siendo sometidos a un régimen de precarización y amedrentamientos. Lo único que piden es estabilidad laboral y poder mantener dignamente a sus familias”. “Nos dijo que tiene el aval del gobernador para seguir despidiendo”Más allá del evidente contexto de precarización laboral que padecen los empleados de Ruinas en San Ignacio, el malestar del sector apunta también al destrato constante que denuncian recibir por parte del subsecretario de Gestión Estratégica, Sergio Dobrusin. “Este funcionario, realmente vine riéndose en la cara de los trabajadores. Tenemos registros de muchas cosas fuera de lugar que nos ha dicho. Llegó a decirnos en una de las últimas reuniones, que sólo en 2015 cuando haya un próximo gobernador, íbamos a pasar a planta permanente y a tener aumentos, que mientras él esté, eso no va a pasar, así lo dijo textualmente”, contó a este diario el delegado de ATE de los trabajadores, Ramón Toledo. “Cuando fuimos a mesa conciliatoria, fue Dobrusin quien extendió la misma a 45 días, nos hizo esperar para nada, y luego él mismo cerró la mesa y al poco tiempo terminó echando como perros a dos compañeros con familia. Hay una persecución y una presión psicológica fortísima hacia los trabajadores, que este año, hartos de tanto hostigamiento empezamos a organizarnos para cambiar las cosas”, agregó. En relación a los despidos y ante los planteos al respecto presentados por el gremio ATE, Toledo manifestó que Dobrusin les dijo que “tenía el aval del gobernador para seguir despidiendo gente. Lo dijo así directamente, pero la verdad es que quisiéramos creer que en verdad el gobernador no está la tanto de toda esta situación que ya se fue de los cauces normales, con despidos y aprietes constantes, pedimos que se intervenga urgentemente y se cesen con los despidos y amenazas”. Amenazas para desafiliaciones gremiales“Otra de las cosas que hizo Dobrusin ante los justos reclamos de los trabajadores, fue enviar notificaciones exigiendo la desafiliación de los empleados del gremio, a cambio de distintas prebendas o con amenazas. Incluso se les explicaba a cada empleado, el procedimiento que debían seguir para hacerlo. Así, por miedo, algunos empleados se desafiliaron, quedando totalmente desprotegidos y a merced de los abusos de la patronal”, reflejaron desde ATE. Funcionarios que miran a otro ladoA todo esto, el Ministerio de Trabajo de la Provincia está al tanto de la situación que viven los empelados de Ruinas desde julio de este año, cuando comenzaron las negociaciones entre las partes. Sabe la ministra Gauto que hay empleados que llevan 25 años trabajando bajo contratos basura, cobrando sueldos irrisorios y desprovistos de sus derechos elementales. Sin embargo, la cartera no ha iniciado ninguna acción tendiente a revertir la situación, avalando de este modo el comportamiento irregular de la patronal, en este caso el Estado. Una vez más queda expuesto que las prédicas de trabajo en blanco y condiciones laborales dignas, se derriten de lleno cuando a quien hay que controlar es al propio Estado. Los trabajadores también llevaron el reclamo a la Cámara de Representantes, donde se reunieron con todos los bloques. Allí fueron recibidos por el vicepresidente primero de la Cámara, Alberto Nabor Alvarez. “Alvarez nos dijo que a él le gustaba hacerse cargo de los problemas, que nos quedáramos tranquilos. Le llevamos una carpeta, está sabiendo todo. A los pocos días despidieron a dos compañeros y nunca hubo respuesta de Alvarez” cuentan los trabajadores.





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