POSADAS. El juicio por el “Caso María Ovando” dejó al descubierto que el Estado provincial no cuenta con herramientas ni protocolos de actuación para asistir a ciudadanos en situaciones de pobreza extrema. Quedó claro que la ayuda otorgada por el gobierno municipal y provincial a la mujer fueron en forma de dádiva: un Plan Techo otorgado por buena voluntad del presidente del Iprodha, Santiago Ros, un vale de mercaderías gratuito de la Nación, alguna lata de leche de vez en cuando… y prácticamente nada más. Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública estaban al tanto de la situación por las visitas de las promotoras de salud. El municipio también estaría al tanto porque explotaba a la mujer en una cantera haciéndole picar piedras. El ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta también debió haber sido advertido por funcionarios de Salud, ya que supuestamente cruzan información para asistir a las personas en situación vulnerable y por la condición del funcionario de coordinador del Plan Hambre Cero. El juicio reveló que ninguno cuenta con un indicativo sobre cómo actuar frente a estos casos, qué asistencia otorgar, a quién derivar la familia, qué organismo sería el responsable.Como María Ovando hay cientos de casos en el interior provincial y en diferentes barrios de Posadas. Algunos con más y otros con menos asistencia. Pero revelan la necesidad de profundizar las políticas públicas en beneficio de los sectores vulnerables de Misiones, que no son pocos, como se pretende hacer creer.Pasaron 19 meses desde que el gobernador anunció como el cuarto dilema de su gobierno, el 1 de mayo de 2011, que iniciaría una “lucha frontal contra el núcleo duro de la pobreza”.Generando importantes expectativas, dijo en aquel momento Closs: “de tener más del 50% de los posadeños por debajo de la línea de pobreza al principio de este siglo, hemos experimentado un fuerte descenso a niveles cercanos al 20%. Creo que en estos valores la situación es apta para trabajar sobre el núcleo duro de la pobreza, para llevar adelante acciones que con algún grado de focalización permitan que las políticas del Estado aceleren la solución del problema. Soy consciente de que es determinante un contexto internacional favorable, es vital continuar con la senda de crecimiento de nuestra economía que iniciara Kirchner en la Nación y la Renovación en la provincia de Misiones. Gestionar la pobreza para lograr revertirla debe ser un desafío, y hoy ese desafío es menos complejo que hace diez años atrás”.Pasó el tiempo y “la lucha frontal” no comenzó. María Ovando fue detenida por no poder mantener a doce hijos, trabajando sola, sin que el Estado le garantice los derechos básicos. Llegó el 1º de mayo de 2012 y Closs volvió a hablar del tema; pero la lucha frontal siguió sin aparecer.“Si tuviéramos que medir los resultados en base a las estadísticas del IPEC debiéramos estar satisfechos, pero nuestro objetivo no sólo es alcanzar cifras satisfactorias en los índices estadísticos, sino lograr que todos aquellos que se encuentran en una situación de pobreza tengan la contención social necesaria y que las políticas y acciones del Estado permitan su inclusión social”; dijo.Llegó diciembre y muchas “María Ovando” siguen esperando en toda la provincia que el gobierno comience de una buena vez la lucha frontal contra la pobreza. No hubo desde el anuncio, ningún plan puesto en marcha en este sentido. La justificación de Closs es que la pobreza “es estructural”. Pero ya lleva cinco años en el Gobierno. Si en este tiempo no ha logrado revertir la situación, será más difícil con enfriamiento económico, alta inflación y menos empleo, como se prevé en 2013.Ausencia de EstadoEduardo Paredes, abogado penalista que defendió a María Ovando, en una nota con PRIMERA EDICIÓN publicada días antes del veredicto, describió con precisión los “agujeros” que tiene el Estado a la hora de prestar asistencia y garantizar derechos de madres y chicos en situación de vulnerabilidad.Hablando del Caso Ovando, pero a la vez refiriéndose a todos los casos parecidos que pueden haber en la provincia, Paredes remarcó que “El Estado tenía la Asignación Universal por Hijo, que le correspondía a cada uno de los niños: ninguno tenía”. Agregó que “las dos personas que se denominan promotoras de salud, sabían eso, al igual que el intendente de Mado. Nunca se reparó en esta situación. Nunca se le dio intervención a la Justicia de Menores y estas dos personas que la visitaban no tienen relación de dependencia con el Estado provincial. No son empleadas públicas, no tienen cobertura social, es decir trabajan en forma precaria, tenían 280 personas para visitar”.“La situación de residencia de ella (Ovando) era en una casa hecha en un terreno sin agua ni electricidad, vivían cerca de un arroyo donde se bañaban y sacaban agua de un pozo si había. La ayuda que dicen que le dio el Estado fue un techo del Plan Techo y unas camas cuchetas, y cuando se le preguntó al intendente si eso, que se denomina Plan Techo, Plan Cucheta, tiene alguna norma que regula si hay alguna normativa, alguna legislación, dijo que no conocía, no sabía. O sea, ellos le daban porque le parecía, o sea en forma totalmente dadivosa, o sea no hay un derecho, no hay una legislación que regule esto. Tampoco sabía cuánto comestible se le daba, tampoco sabía si hay expedientes. O sea, todo lo que le daba era en forma precaria”, reveló Paredes. Finalmente dijo que “en el juicio lo único que se vio es que no hay Estado, hay algún esfuerzo, alguna dádiva suelta, pero no hay ninguna norma. Pero lo más grave de este juicio es cómo puede ser que existiendo un derecho del Estado que es la Asignación Universal Por Hijo, que sí es un derecho y una norma, una ley clara que regula, una ley que penaliza a los funcionarios que sabiendo esto, que sabiendo que hay chicos que no tienen la cobertura, no hacen nada por reparar”. Por último Paredes dijo “María Ovando salió a la luz porque los medios se fijaron en ella, porque hubo un montón de mujeres que en razón de la violencia de género se acercaron, porque hubo un programa a nivel nacional que la mostró, pero hay muchísima gente peor, sin ninguna cobertura, tienen derecho que no están siendo gozados por inexistencia del Estado”. Concentración de
riqueza en pocas manosSilvana Martínez, presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, señaló al respecto que “Misiones no es una provincia pobre, técnicamente hablando, ¿por qué? Porque sencillamente tiene recursos abundantes que son más que suficientes para desarrollarse como provincia, por ejemplo suelo fértil, agua abundante, bosques naturales e implantados, bellezas naturales para el turismo, yerba, té, tabaco, maderas, población joven con rápido crecimiento, diversidad cultural, religiosa, étnica, universidades, escuelas, buenas rutas, comercio fronterizo, entre otros recursos”. Además, afirmó que “es una provincia que viene creciendo económicamente desde hace varios años a tasas muy altas, superiores incluso al resto del país. Esto se comprueba muy fácilmente con indicadores de consumo de energía, recaudación de impuestos, etc. Entonces, la pobreza en Misiones no es un problema de recursos o de crecimiento económico, sino de concentración de la riqueza en pocas manos”. “Misiones se ha convertido en lo que técnicamente en sociología se llama sociedad dual, es decir, una élite enriquecida, con alto consumo, autos lujosos, viajes, mansiones, inmunidad, etc., conviviendo con la gran mayoría de la población empobrecida, con muy bajos ingresos, alto endeudamiento, problemas de vivienda, salud, justicia, educación, etc. Sería una especie de clase media empobrecida o nuevos pobres”, explicó la profesional. Agregó que además “hay un importante sector de población que directamente no tiene acceso a los derechos más elementales y por supuesto aquí hablamos de indigencia, desnutrición, analfabetismo, pobreza estructural, graves problemas de salud crónicos, muertes por causas evitables, etc. Esta población está condenada en Misiones a sobrevivir como puede y agradece cualquier dádiva o prebenda de los funcionarios públicos, que aprovechan esta miseria para sacarse fotos, conseguir votos, mentir con los datos oficiales, en definitiva vender una ficción de provincia de vanguardia que no existe en la realidad”. En este último grupo de población dijo que “están por ejemplo los mbyá-guaraníes, que deambulan por las ciudades de Misiones, sin tierra, a pesar de ser los verdaderos dueños de la tierra”.“La política del anuncio”Silvana Martínez fue consultada sobre los anuncios incumplidos en Misiones y el Caso Ovando.El gobernador anunció el 1º de mayo de 2011 “una lucha frontal contra el núcleo duro de la pobreza”. ¿Desde su posición y conocimiento observa que se hayan apuntalado las políticas públicas en esta dirección? Si es así ¿Dónde? ¿En qué medidas?En Misiones se ha instalado la política del anuncio. Es decir, se anuncian muchas cosas que luego en la realidad no existen. Por todo lo que dije anteriormente, es evidente que en Misiones no existen políticas públicas de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, el presupuesto del llamado “Programa hambre cero” es irrisorio en relación a otros rubros menos necesarios y urgentes del presupuesto. Sostener que con unas bolsas de verdura y una caja de leche se resuelve el problema de la alimentación y la pobreza en Misiones es algo descabellado. La mejor política social para combatir la pobreza es sin lugar a dudas el trabajo y cuando digo trabajo no estoy hablando de trabajo en negro, explotación, miseria, sino de trabajo digno que le permita al trabajador y a la trabajadora cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.¿Qué opinión le merece el Caso Ovando, la responsabilidad del Estado y la actuación de la Justicia?El caso María Ovando es un claro ejemplo de la situación de abandono por parte del Estado y de la pobreza estructural en que viven miles de misioneros. Es un caso emblemático de vulneración de todos los derechos. Es un caso de feminización de la pobreza y de culpabilización de las mujeres, que siguen siendo las únicas responsables del cuidado y la crianza de sus hijos y donde los progenitores quedan exentos de cualquier responsabilidad, penalización y culpabilización de las situaciones derivadas de la crianza de sus hijos. Estoy muy conforme con el fallo y creo que por primera vez en mucho tiempo se hizo justicia en Misiones. Pero no nos tenemos que quedar con este resultado, ahora tenemos que velar por María y sus hijos y por todas las familias que están atravesando situaciones similares.
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