Sector yerbatero está preocupado por un millonario juicio que golpearía al INYM

La sentencia saldría en breve y encendió la alarma. Hoy habrá una reunión para analizar los pasos a seguir. Otra polémica: el organismo flexibilizó las multas beneficiando a los que incumplen la ley.

26/09/2019 07:40

El sector yerbatero se encuentra en alerta y preocupado, luego que se conociera el inminente fallo judicial de un juicio por más de mil millones de pesos contra el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que afectaría las arcas del organismo. Por ello, en la jornada de hoy, las partes se reunirán para evaluar la situación y analizar las medidas a seguir.

La demanda millonaria fue realizada por una cooperativa hace 11 años pero, el pasado viernes, trascendió un adelanto de la supuesta decisión de la Justicia. Tanto los productores como otros eslabones de la cadena yerbatera solicitaron que se concrete un encuentro hoy a las 14, para determinar los pasos a seguir.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el expediente data de 2008 y se radicó “por una venta de estampillas que el INYM denegó a una cooperativa que operaba en la Zona Centro”, explicaron fuentes consultadas.

Agregaron que “la cooperativa no tendría los papeles en regla, por eso el Instituto no le comercializó las estampillas”.
En los últimos años la entidad “no habría renovado su Consejo Directivo y el presidente que inició la demanda ya falleció”. Pero el juicio se mantiene vigente.

Desde el ente yerbatero nacional, en tanto, recordaron que la demanda judicial se inició en 2008 porque el Instituto se negó a vender estampillas a una cooperativa que, supuestamente, no cumplía con las normativas vigentes para realizar la actividad.

Señalaron desde el INYM que “al no concretarse la venta de estampillas, la cooperativa decidió judicializar el proceso”.
En este punto, consideraron que “podría tener un alto costo para el Instituto y eso es lo que preocupa, por eso nos reuniremos hoy en la sede”, anticiparon las autoridades.

En lo que respecta al monto, contaron que “hasta podría alcanzar tres presupuestos de la entidad”. Por lo cual, la estimación de pago rondaría más de mil millones de pesos.

Sobre la demanda en particular, en el Directorio sospechan que “es algo raro y hasta parece ser montado, pero no podemos asegurar nada”.
Indicaron además que, “en caso de que sea necesario, se apelará y, se tomarán todas las medidas legales que sean necesarias para defender el presupuesto y los recursos del organismo”.

Desde el sector de la producción manifestaron que “vamos defender al Instituto porque es nuestro, es de los misioneros y de los productores de la cadena yerbatera”.

Repudiaron la demanda y aseguraron que “le daremos el apoyo necesario al INYM”. Además “se pedirá la apelación y una explicación a los abogados del por qué se llegó a esta situación”.
Sospechan que “esto es parte de la industria de juicios porque un grupo de abogados la reflotaron (a la demanda) y ahora tiene la sentencia casi hecha”.

Lo sorprendente es que “se dio lugar a ese juicio por haber cumplido el reglamento del INYM”.

 

Un beneficio para los incumplidores

La resolución 268/2019 del INYM

Salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación esta semana estableciendo la derogación de la resolución 464/2017 que contenía al régimen de determinación y aplicación de sanciones a quienes incumplen las normas del sector yerbatero.

En el punto segundo de la polémica resolución se aprueba un “nuevo régimen de determinación y aplicación de sanciones” que abarata las multas y flexibiliza las inspecciones.

La medida, según contó un dirigente yerbatero indignado, está hecha para beneficiar en general a los grandes incumplidores y en particular a una empresa que tiene deudas por muchos millones de pesos y, con esta modificación, se reducirá la sanción a unos pocos pesos.

“Va a ser más barato incumplir las normas y pagar las multas que trabajar acorde a lo que establece la Ley del INYM” dijo el dirigente yerbatero Julio Peterson en declaraciones radiales.

Desde la Producción advirtieron que “es necesaria una reforma integral, no solo en beneficio de los incumplidores”.