Alta sensibilidad

El proyecto que propone modificar el Código Electoral para permitir el voto voluntario de los jóvenes de entre 16 y 18 años recibe adhesiones y críticas cruzadas en todo el arco político-partidario y son numerosos los observadores que lo consideran “hecho a medida” de los intereses electorales de corto plazo del oficialismo, que tiene por delante una batalla estratégica en las elecciones legislativas del año próximo.Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el impulsor de la iniciativa, Aníbal Fernández, deslizó que el oficialismo ya tiene preparado el dictamen del proyecto, lo que generó molestia en algunos senadores, como Norma Morandini y Luis Juez, del Frente Amplio Progresista (FAP), quienes acompañan la idea, pero pidieron un tiempo prudencial para discutirla a fondo en el Congreso. La aclaración del senador oficialista, ex jefe de Gabinete, respecto a un supuesto pedido de los jóvenes para que se tratara el proyecto se entendió, asimismo, como una ratificación de que en el lenguaje del kirchnerismo cuando se habla de políticas “hacia los jóvenes”, en la práctica se alude a los sectores juveniles nucleados en La Cámpora, una organización de ascendente influencia en las estrategias del gobierno.El escaso tiempo que se dedicaría al tratamiento legislativo antes de la aprobación de la ley y la inexistencia de un debate previo en la sociedad es uno de los cuestionamientos más extendidos a esta norma que, por otra parte; no parece haberse meditado a fondo en todas sus implicancias.Muchas voces, entre quienes están a favor y quienes están en contra, indistintamente, del proyecto, manifestaron dudas sobre la idea de ampliar únicamente los derechos político-electorales de los jóvenes, dejando  sin tocar cuestiones como la mayoría de edad y la responsabilidad penal. En un complejo debate, el juez misionero César Jiménez, dedicado a la problemática, señaló que se debería proponer que los jóvenes de 16 años sean “responsables en todos los sentidos”. Cuestionó que exista diferentes edades para cada responsabilidad, “una para cometer delito, otra para votar, otra para casarse” y propuso “unificar en una sola edad la responsabilidad en la niñez y en la adolescencia”.Otro aspecto controversial de la propuesta es su carácter optativo, ya que incluiría en la legislación electoral una figura contradictoria con el voto obligatorio que rige para los adultos, sin duda una de las figuras centrales y distintivas de nuestra legislación en la materia.Silencio empresarialSi el debate sobre el voto juvenil muestra notoriamente que en el gobierno nacional se lanzó, anticipada pero definidamente, la campaña hacia las legislativas del año próximo, la misma conclusión cabe sacar, aunque pueda no ser tan evidente, de las respuestas airadas que cosecharon las opiniones sobre la marcha de la economía expresadas por el presidente del grupo económico más poderoso del país, Paolo Rocca, de Techint.En el marco de una charla ante colegas, el poderoso empresario se mostró optimista respecto al largo plazo, pero criticó abiertamente al gobierno k, al decir que la industria argentina pierde competitividad y las políticas del gobierno carecen de una orientación clara. Las opiniones de Rocca no se salieron de las habituales críticas y demandas que se escuchan en círculos empresariales, sin embargo enojaron a la presidenta, Cristina Kirchner y a su delfín, el viceministro de economía Axel Kicillof, que coincidieron en enjuiciar con fuertes calificativos a las opiniones vertidas por el titular de Techint.La acusación de promover una mega devaluación –como respuesta a las dudas de Rocca sobre la competitividad de la industria- y el exabrupto de Kicillof, aseverando que el gobierno podría bajar el precio de la chapa y “fundir” al empresario siderúrgico mostraron una extemporánea dureza que sólo se explica como una admisión tácita de que el empresario puso “el dedo en la llaga”, al definir las dificultades de la economía en el corto plazo.El empresario, un aliado en los inicios del ex presidente Kirchner, desairó al gobierno al no aceptar una invitación para participar de la feria industrial Tecnópolis, y en su lugar ofrecer una charla en el Club de Ingenieros, ante un público predominantemente empresarial y en la que –según refirieron medios nacionales- se expresó sin eufemismos y en un marco distendido sobre la situación de la industria y las políticas de gobierno. El presidente saliente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, enfrentado al gobierno, llamó la atención sobre el “silencio empresarial” que se produjo tras el intercambio de declaraciones, que atribuyó a las presiones que ejerce el gobierno sobe el sector. Con razón, el dirigente agropecuario y probablemente político en las próximas elecciones, consideró inadmisible que un funcionario hable públicamente de “fundir” una empresa y nadie le salga al cruce.La reacción del gobierno contra las declaraciones de Rocca implicaría la negación de un problema que no es privativo de la elite industrial que representa Techint, sino que preocupa también a las economías regionales, como lo destacó recientemente un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).En un documento firmado por más de 220 entidades del sector productivo; la entidad aseguró que el 57,5% de las explotaciones agropecuarias del país están en dificultades tras la pérdida de rentabilidad que vienen sufriendo las economías regionales. El problema se presenta en casi toda la zona extra pampeana, y ya afecta a 156.000 explotaciones agropecuarias donde trabajan más de 890.000 personas en forma permanente y transitoria; surge del relevamiento territorial realizado por la entidad.El documento también se refiere a la competitividad, al señalar como causales de los problemas “la ampliación de la brecha entre los costos internos (combustible, logística, y política salarial, entre otros) y el tipo de cambio vigente para el productor-exportador, donde los precios de venta claramente no están cubriendo los costos de producción”, a lo que se suma –dice el documento- “el difícil acceso al crédito y una alta presión fiscal en la actividad que desploma la rentabilidad”.Una pelea con Techint, cabe presumir, repercutiría en la región en la forma de una nueva postergación de la construcción del Gasoducto del Nordeste, mega obra que lanzó el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003 en base a un acuerdo con el holding de Paolo Rocca, impulsor y p
rincipal beneficiario de la iniciativa. La obra, sin embargo, sufrió constantes postergaciones en los últimos años hasta llegar a hoy, cuando existen  serias dudas de que se lleguen a cumplir las metas planteadas por este proyecto de “reparación histórica” a las provincias que carecen de gas natural por redes. DesembarcoEn Misiones, en tanto, los nombramientos en la delegación de la Anses de Oberá y otras localidades, pusieron en evidencia el desembarco institucional de La Cámpora, de la mano de la estrategia del gobierno nacional de movilización de sectores de la juventud. Los grandes perjudicados en esta movida serían el senador Juan Manuel Irrazábal y la diputada Julia Perié, quienes verían materializado el desplazamiento como referentes del kirchnersimo en Misiones. Intentando el último manotón de ahogados, “Juanchi” denunció en Buenos Aires que los militantes de la Cámpora en Misiones en realidad constituyen un brazo más de la renovación.La renovación, hasta el momento, no habría logrado captar a estos sectores juveniles, debido sobre todo a las resistencias que encuentra el gobernador Closs, de origen radical y vinculado al sector empresario, en medios del kirchnerismo nacional.  El jefe de gabinete, Héctor “Pelito” Escobar, tampoco pudo influir para quedarse con el “sello” del agrupación oficialista en Misiones.Otro indicador de este escenario de sensibilidades a flor de piel, en el ámbito provincial, es la “rosca” que estarían organizando dos ex gobernadores, uno justicialista y otro radical, detrás de la figura de Joaquín Losada, con quien pretenderían reeditar la experiencia de Pablo Tschirsch, como candidato por fuera de la renovación en 2007.