Dicen que los agrimensores, abogados, corredores y escribanos desfilan por los pasillos de la Dirección General de Catastro de Misiones a la espera de que alguien les dé una respuesta, pero sin suerte: cada trámite de registro de planos de mensuras, de emisión de certificados catastrales o de constitución o verificación de estados parcelarios dura, en promedio, seis meses, cuando en otras provincias el tiempo de respuesta no llega a los treinta días. El retraso denunciado por los profesionales y la enorme burocracia de la dependencia provincial podrían parecer un problema restringido a los interesados si no fuera porque “afecta directamente a todo el mercado inmobiliario de la provincia”, a la vez que perjudica a quienes inician eventuales trámites para la regularización de la tenencia de la tierra, especialmente en zonas rurales en las que es alto el índice de ocupación e intrusión. En el tráfico inmobiliario, la imposibilidad de contar en tiempo y forma con el registro de planos de mensura y certificados catastrales retrasa, y a veces incluso frustra, la venta y posterior escrituración de los inmuebles, según denuncian los operadores. Por este motivo en los últimos tiempos “creció la informalidad en las operaciones”, según coincidentes testimonios de profesionales agrimensores, corredores inmobiliarios y escribanos consultados. Es que el trámite con el “okey” de la dependencia debe realizarse cada vez que los particulares o el Estado realizan “actos de constitución, modificación y transmisión” de derechos reales, es decir, las compraventas, las subdivisiones, las sucesiones, las cesiones, las prescripciones adquisitivas, las donaciones y un sinnúmero de otras operaciones jurídicas e inmobiliarias que son una exigencia legal ineludible si es que pasaron diez años desde la determinación del “estado parcelario” de los inmuebles rurales, cinco años en el caso de los urbanos y dos años en el caso de los suburbanos y urbanos que se encuentren baldíos. Desbordados y sin medios La dependencia tramita unos 2.500 expedientes por año y aún pese a la trascendencia de sus funciones, tiene una sola firma autorizada, un verdadero “cuello de botella” que padecen los profesionales del rubro. “Se afecta la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias por la imposibilidad de contar con trámites administrativos rápidos que respondan a la celeridad que requieren este tipo de negocios”, aseguraron. “Ante la incertidumbre económica se generan oportunidades de negocios porque la gente ve que es más seguro invertir en inmuebles, el ladrillo siempre es lo más seguro y el terreno permanece, no se devalúa, pero este retraso burocrático realmente atenta contra el mercado. El retardo, además, es histórico, por lo que no podemos calcular cuántas operaciones inmobiliarias quedaron inconclusas o se cerraron en la informalidad por culpa de esta situación”, refirió un operador del rubro inmobiliario. Un agrimensor, en tanto, lamentó que la burocracia afecte “más a los que menos tienen, porque es imposible para un montón de gente pagar a los profesionales por el tiempo invertido en los trámites”. ¡Se van para atrás!La parodia del humorista Antonio Gasalla imitando a una empleada pública anquilosada e inoperante suele reflejar la realidad, aunque con matices. Los profesionales de la agrimensura “a veces nos sentimos como las víctimas del sketch de Gasalla, aunque no por parte de los empleados sino porque los jefes son extremadamente quisquillosos a la hora de darle avance a un expediente”. Según los testimonios, “te cuestionan el tipo de letra usado en los planos catastrales, el tamaño, la coma, el punto, te hacen volver mil veces, y en definitiva todo queda para la firma en un despacho”. Los operadores y profesionales consultados coinciden en que la situación se profundizó desde 2012 en adelante, luego de un paro de varios meses por parte de los trabajadores de la dependencia que reclamaban aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. “Durante esos meses la inactividad fue total y el gobierno de (Maurice) Closs hizo oídos sordos a todos los reclamos y advertencias”, refirieron, pese a que “hasta resultó perjudicado el propio Estado porque cada nueva mensura crea partidas inmobiliarias nuevas que deben pagar impuestos”. Víctimas y demorasSegún los consultados, la burocracia en la Dirección General de Catastro perjudica a los inversores de edificios de departamentos y torres, que florecen en Posadas en los últimos años a partir de la revalorización de los terrenos costeros. La demora en los trámites también afecta la regularización de las adjudicaciones de los complejos habitacionales construidos por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y hasta la posibilidad de construir viviendas con el programa Procrear, ya que en muchos casos los interesados deben recurrir a las subdivisiones de parcelas de terrenos. La Dirección General de Catastro depende del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y según especulan los afectados, “nunca se le dio mucha importancia pese a la función fundamental que tiene en el registro catastral de la provincia”. Lo que dice la norma La norma establece que el catastro provincial es un registro basado en la mensura de los límites del territorio, “deslindado conforme al derecho de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posición ejercida” y constituye “la base de su sistema inmobiliario para el ejercicio del poder de policía, y en materia tributaria y de ordenamiento administrativo del dominio público o privado”. Pero fundamentalmente, sirve para “establecer y determinar con participación de la Dirección General de Rentas la base imponible del impuesto inmobiliario”, de acuerdo a los mismos datos oficiales. Además, sirve “para elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación de tributación inmobiliaria y la acción de planeamiento; establecer y determinar con participación de Rentas la base imponible del impuesto inmobiliario; registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación”, entre otros objetivos.Una ley que no se aplicaEn 2011 la Legislatura provincial aprobó la Ley de Catastro de Misiones (Ley II Nº 24), una herramienta pensada para la individualización y ubicación de los bienes inmuebles; determinar el estado parcelario de cada propiedad y establecer la valuación del impuesto inmobiliario, todo con la actualización de datos “en tiempo real” y georreferenciado, a los fines de ordenar y registrar “la información relativa a los objetos territoriales legales existentes en la provincia”. Supuestamente la norma dejó atrás el concepto de planos de mensura para reemplazarlo por el registro computarizado, con la tecnología digital como principal aliada. Pero a varios años de su aprobación, la Ley no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, por lo que no se aplica.&am
p;nbsp;En la Dirección de Catastro en su momento se instaló el sistema informático actualizado pero no se lo puso en marcha y ni los agrimensores, ni los contribuyentes tienen acceso a esta herramienta. El presidente del Colegio de Agrimensores, Carlos Guillermo Weirich, lamentó que por este retraso sigan trabajando con un reglamento de mensuras que data de 1958. “Comparemos las condiciones de medición, de gestión y cálculo que teníamos en aquella época y lo que tenemos ahora. En la actualidad trabajamos con precisiones y el reglamento de mensura se remite a una época en la que medíamos con cinta. Estamos muy desactualizados a pesar que tenemos una muy moderna Ley Nacional de Catastro, y tenemos una Ley Provincial de Catastro que todavía no está reglamentada. Estamos ansiosos para que sea puesta en marcha para acompañar desde el aparato administrativo del Estado a toda la innovación tecnológica que tuvimos en otros campos u otras áreas de nuestra profesión”, dijo hace muy poco a PRIMERA EDICIÓN. “Hasta los niños utilizan GPS para ir a jugar y nosotros no tenemos reglamentada la georreferenciación de inmuebles en la provincia de Misiones, que también es una aspiración para darles la máxima seguridad a los propietarios en cuanto a la ubicación física de su propiedad”, señaló.
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