¿Y la República?

 ¿Y la República?Señora Directora: Parece un absurdo la actitud del intendente de El Soberbio, Juan Carlos Pereira (a) Jair, de resistirse, atrincherándose, a su destitución exigiendo que sea la Justicia la que resuelva la validez de la decisión tomada, con los votos suficientes, por el Concejo Deliberante de esa localidad. No es la primera vez que eso ocurre en la Provincia, con un encuadre peor aún, el de que la Justicia actúe a favor o en contra de algún funcionario castigado en función de la conveniencia política del momento.Más allá de la correspondencia o no de esa destitución, prevista en la Carta Orgánica Municipal y en la Ley de Municipios –según entiendo-, esta situación suma un pésimo ejemplo a una intromisión judicial en las decisiones políticas que viene generalizándose en el último tiempo en el país. Aun, como en este caso, sobrepasando e ignorando la normativa constitucional vigente y sobre el cual, en mi opinión, ya sentó jurisprudencia negativa la Corte Suprema de Justicia al fallar de manera política en algunos temas que no lo son y no sólo en aquellos en que sí se requiere su pronunciamiento político –callando también “convenientemente” en muchos de estos-.En Misiones ya hubo varios precedentes donde se desconoció la decisión del cuerpo legislativo el que actuó en pleno ejercicio de su potestad, suspendiendo la resolución aduciendo cuestiones formales menores (o creadas de ex profeso). En otros, falló avalándolo y respondiendo a un interés partidario, pese a que hubo reales fallas en la decisión del órgano municipal.En esta incalificable judicialización de la política, quizás, el hecho más aberrante ocurrió fuera de la Provincia, en Tucumán. Allí un tribunal sin competencia alguna en materia electoral, por el voto de dos de sus tres miembros (el tercero estaba de vacaciones), decidió anular las elecciones provinciales por un supuesto fraude, desconociendo la potestad de la Justicia Electoral, a quien sí competía esa decisión, y la voluntad expresada por la mayoría de los tucumanos. Por suerte, el máximo tribunal provincial corrigió ese abuso y puso las cosas en orden según el régimen republicano, más allá de si hubo o no fraude el que debió demostrarse fehacientemente.La actitud del intendente Jair Pereira me parece que se inscribe ese despropósito que, lamentablemente, viene adquiriendo cierto asidero en el último tiempo; y creo, soy un lego, que si no existen errores procesales gruesos la destitución debería cumplirse dentro de los términos legales. Recién después, la Justicia podría intervenir para corregir lo que pudo haberse hecho en exceso, pulir los detalles, y, si valiese, restituirlo; y no como plantea Pereira: obstruir antes, por las dudas…De otra manera deberíamos reformular el régimen institucional y republicano, y dejar en manos de la Justicia las decisiones de gobierno y legislativas. Ambas exceden su competencia, aunque en algunos temas parece haberse confundido.