Señora Directora: A veces, pareciera, que como dice el dicho popular: “El
muerto se asusta del degollado”. Es la sensación que me dio el leer la denuncia
de dos diputadas nacionales sobre que el gobierno estaría haciendo escuchas
telefónicas a dirigentes y figuras públicas que se identifican como opositores.
<p class="MsoNormal">¿Por qué digo esto? Porque llamativamente el de las escuchas
telefónicas desde el gobierno es una de las múltiples causas por las que se
encuentra procesado el jefe de gobierno porteño y candidato de ese sector. Ese
espionaje telefónico, develado en 2009, involucra al famoso comisario Jorge
Alberto “Fino” Palacios y en él se menciona también que hubo jueces misioneros
librando las órdenes que “legalizaban” esas escuchas. Hecho éste que ahora
nadie recuerda y se mantiene oculto como también ocurre con otras múltiples
causas judiciales que a las máximas autoridades del gobierno porteño.</p>
<p class="MsoNormal">Es cierto que los gobiernos –sin importar las banderas
nacionales ni las banderías políticas- siempre se han valido de ese
procedimiento para conocer lo que piensan aquellos a los que considera
adversarios o sospechosos y anticiparse a cualquier hecho que pudiera
lesionarlos. Y pese a lo que se dice desde la actual conducción del país,
podría haber alguna verdad en la denuncia. No quiero con estas líneas
disculparlos ni justificarlos: es una actitud repudiable de principio.</p>
<p class="MsoNormal">Pero mi pregunta es: quien usó -y ¿todavía usa?- ese procedimiento puede ser
tan hipócrita o es sólo una operación proselitista oportunista, a pocos días de
las elecciones.</p>
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