PUERTO RICO. El Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad dio lugar al recurso de revocatoria presentado por la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego de que la Municipalidad apelara tardíamente la sentencia que obliga a la Comuna a reincorporar a la trabajadora Liliana del Valle Borge, que arbitrariamente había sido cesanteada en diciembre de 2011, tras negarse a firmar un contrato que pretendía degradarla laboralmente, retirándola de la planta permanente.El fallo judicial hizo lugar a la demanda y ordenó al municipio que restituya a Borge en el cargo que ocupaba a la fecha en que se le comunicó que había dejado de pertenecer al personal municipal.El pasado 21 de junio de 2011, el intendente José Dieminger sacó una resolución donde pasó a planta permanente a 59 empleados hasta entonces en condición de contratados, entre los que se encontraba Liliana Borge, que además era delegada de ATE. Luego, el Concejo Deliberante tomó conocimiento formal de la resolución y autorizó las adecuaciones presupuestarias necesarias para su efectiva aplicación.Después del cambio de mando en el Ejecutivo municipal, al presentarse a trabajar Borge, desde el área de prensa institucional le prohibieron salir al aire y desempeñar normalmente su trabajo de conductora en la Radio Municipal, informándole de que iban a ver “qué hacían con ella porque su voz se identificaba mucho con la gestión anterior, por lo que hasta nuevo aviso no iba a salir al aire”, le habría explicado la responsable del área, Gabriela Martina Neis. Mediante resolución, el intendente Federico Neis volvió a los 59 trabajadores a la condición de contratados. Fueron convocados y firmaron todos menos Borge, que consideraba que tenían derecho a conservar su estatus laboral. En marzo de este año, la Justicia falló a favor de Liliana Borge en un fallo de primera instancia del juez Civil, Comercial y Laboral, Itálico Humberto Lirussi, y se le exigió a la Municipalidad de Puerto Rico que le devuelva el trabajo. Consideró que no se puede sacar a un trabajador de una condición de precariedad laboral para luego retrotraerse y despojarle de ese derecho sin ninguna razón coherente. El juez no contempló los intereses partidarios, los que consideró que no deben mezclarse con los intereses institucionales, que son superiores y que son los que debe representar una autoridad electa.La Comuna apeló el fallo, pero lo hizo al quinto día, fuera de término. El abogado de Borge, Claudio Paiva, presentó un recurso de revocatoria y la jueza Cynthia Meyer revocó la apelación, quedando firme la sentencia.
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