La polémica transición de las sanciones a la convivencia en las escuelas

POSADAS. Hace ya por lo menos tres años que los reglamentos internos de las escuelas deberían haber caducado en Misiones y, en su lugar, regir los acuerdos escolares de convivencia construidos con la participación de los docentes, alumnos y padres. Así lo dispuso en 2009 la Resolución 93 del Consejo Federal de Educación. “Llevamos retraso en este tema”, admitió ayer a PRIMERA EDICIÓN el jefe del Gabinete Educativo, Alberto Galarza, en el marco de la Jornada sobre Acuerdos de Convivencia que tuvo lugar en la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil con la participación del coordinador del equipo nacional de Convivencia, Fernando Onetto; del ministro de Educación, Luis Jacobo; directores de escuelas y representantes gremiales de la Asociación de Magisterio de Educación Técnica (Amet) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Reglamentos anacrónicos“Tenemos en Misiones escuelas cuyos reglamentos institucionales violentan resoluciones del CFE y las propias leyes”, advirtió ayer el ministro Jacobo quien no dudó en recordar casos concretos como el de la Epet 3 de Oberá (por la expulsión de alumnos que participaron de un robo) y la Comercio 19 de Eldorado (que impuso las mochilas transparentes) en los que “los derechos de los niños y adolescentes  quedaron por debajo de los intereses y poder de los adultos; pese a que las autoridades educativas rechazamos estas medidas”. Las cartas ya están echadas tanto a nivel jurídico (Convención sobre los Derechos del Niño, Ley de Educación Nacional 26.206, Ley Contra la Discriminación 23.592, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061) como político institucional (Resoluciones 84/09, 93/09 y 217/14). “Los acuerdos de convivencia escolares no pueden ir contra el derecho del niño a la educación primaria y secundaria obligatoria, ninguna sanción puede estar por encima del derecho del niño”, coincidieron Galarza y Jacobo. Otro dato que deberán tener en cuenta las escuelas es que, si bien cada una de ellas tiene facultades para elaborar su propio acuerdo de convivencia, éste deberá ser aprobado primero por el supervisor y posteriormente por las autoridades educativas provinciales.