POSADAS. “De Giménez a Jiménez”. Así podría llamarse al itinerario que recorrió ayer el “caso Yaya”, la denuncia que reveló el escándalo por el presunto espionaje digital a los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Instrucción 1, 2, 3 y 6.La denuncia original fue formulada, justamente, por el magistrado César Yaya y a él se sumaron sus pares Marcelo Cardozo, Fernando Luis Verón y Ricardo Walter Balor.Ayer se conoció la inhibición del juez de Instrucción 7 de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Jorge Giménez, quien invocó razones de “decoro y delicadeza” para apartarse de lo que podría considerarse el mayor escándalo del STJ en toda su historia.En otras palabras, se alejó del expediente por amistad manifiesta con al menos uno de los denunciantes.En la misma jornada, el expediente habría sido remitido al juez en lo Correccional y de Menores Nº2, César Jiménez, quien, por el contrario, se haría cargo del mismo en las próximas horas.En este sentido, no habría motivos para una potencial recusación.La primera cuestión que deberá analizar el magistrado es la inhibición presentada por la fiscal de Instrucción 1 de Posadas, Amalia Benedicta Spinatto. Todo indica que hará lugar al planteo. En la línea subrogatoria se encuentra el representante de la fiscalía de Instrucción 2, Cristian Antúnez, quien en un principio no tendría motivos para no intervenir en el caso.En el supuesto de aceptar el cargo, Antúnez debería determinar si existen elementos de suficiente solidez para respaldar la denuncia y solicitar su instrucción formal.El juez Yaya presentó la denuncia penal el viernes 8 de este mes. En ella aseguró que ingresaron sin autorización a los expedientes que se instruyen en su Juzgado, que no salieron a despacho digital, y que, en algunos, hasta habrían efectuado modificaciones.Las intromisiones clandestinas habrían ocurrido en algunos expedientes, no en todos, algunos de ellos de relevante trascendencia pública.Al parecer, los espías hasta habrían elaborado una cuenta de correo anexa a la que asignaron en forma oficial a Yaya, sin que éste estuviera al tanto de la maniobra.Ambos correos eran oficiales, pero el magistrado tenía acceso solamente a uno.Con posterioridad se sumaron las denuncias de los jueces Balor, Verón y Cardozo.El STJ pidió la intervención de los peritos informáticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez con personalidad que se rige a derecho“El caso Yaya”, que se inició con la denuncia del juez de Instrucción 2 de esta ciudad, César Yaya, y desnudó una oscura trama de supuesto espionaje a los expedientes que se tramitan en su Juzgado, necesitaba de transparencia y celeridad para saber qué sucedió y quiénes son los responsables, si los hubiera.En un contexto que presagiaba una potencial catarata de inhibiciones, por los más diversos motivos, sobre todo en el fuero penal, la llegada del expediente a manos del juez en lo Correccional y de Menores Nº2, César Raúl Jiménez, podría aportar la cuota necesaria de transparencia que debiera regir toda investigación.Hay un antecedente que pareciera sustentar esta afirmación: el año pasado, Jiménez logró en un mes aproximadamente lo que otros no consiguieron en años en la causa que investigó el crimen de Iván Andrés Mercol.En ese lapso condujo con mucha personalidad el debate oral y público, que se desarrolló en el subsuelo del Palacio de Justicia, que concluyó en la resolución condenatoria contra los imputados Sebastián Ruiz y Diego Cantallops.Por eso es esperable que, como en aquella ocasión, muestre imparcialidad e independencia para llegar hasta las últimas consecuencias.Tiene, en caso de hacerse cargo, un desafío enorme por delante: en el centro de las sospechas está el prestigio del mismísimo Superior Tribunal de Justicia (STJ).
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