ALBA POSSE. Un papelón innecesario que no midió consecuencias tuvo lugar durante los dos últimos días en esta ciudad: el martes, por orden judicial, desalojaron a siete familias de las casas que ocuparon en el barrio construido por el Gobierno provincial para los afectados por la última creciente del río Uruguay en junio de 2014, pero, apenas 24 horas después, la Comuna decidió reubicar a las mismas familias en las mismas casas, en un hecho sin precedentes que dejó expuesta la arbitrariedad con la que se manejaron los beneficios destinados a las víctimas de la inundación.En la tarde de ayer, los afectados volvieron con sus hijos, mascotas, muebles y demás pertenencias a las casas de las que habían sido despojados un día antes. La vuelta a sus domicilios se dio “por decisión de la Municipalidad”, según declaró a los medios el intendente de Alba Posse, Celso Carvalho. El jefe comunal, que reemplaza a su padre Nelson (con licencia para competir por la intendencia de 25 de Mayo), admitió que las familias realmente lo habían perdido todo con la creciente y por lo tanto tenían derecho a habitar las viviendas construidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) para los afectados. “Tuvimos que cumplir la orden judicial porque ingresaron a las casas sin permiso”, se excusó. La ocupación de las viviendas, que generó la actuación judicial y la orden de desalojo, se dio a fines del año pasado, cuando las víctimas de la creciente vieron que desde la Comuna se entregaron casas a “punteros y simpatizantes del intendente”, según denunciaron.El desalojo generó un enorme malestar en la comunidad, que acusó al intendente por la supuesta manipulación política de las viviendas que se construyeron con fondos nacionales. “Hubo una confusión porque había gente indirectamente afectada por la inundación, porque supuestamente las casas eran sólo para los inundados. Pero como las casas eran suficientes, también se les dio viviendas”, justificó Carvalho.
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