POSADAS. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) entabló una denuncia por “discriminación” contra vecinos del barrio “Don Pedro” de esta ciudad, por rechazar la relocalización de familias humildes en inmediaciones de este complejo habitacional, ubicado a la altura del kilómetro 8 de la ruta nacional 12. La denuncia fue elevada al Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi), que deberá analizar si existen “componentes discriminatorios” en las manifestaciones y cortes de ruta protagonizados por los habitantes de Don Pedro en contra de la reubicación de familias que se encuentran en una grave situación sanitaria por inundaciones en el barrio San Jorge. Si el dictamen del Inadi confirma que la oposición a la relocalización se apoya en el origen humilde de los reubicados, se podría avanzar hasta en presentaciones penales, según fuentes de este organismo. Conflicto El pasado 17 de marzo, los habitantes del barrio Don Pedro cortaron media calzada sobre la ruta 12 a la altura de Crucero del Norte, para rechazar la relocalización de cincuenta familias de los barrios San Jorge y Villa Cariñito. Según los vecinos, sus propias viviendas y terrenos “se van a desvalorizar” con los nuevos asentamientos, mientras que reclamaron que el Iprodha “haga viviendas realmente dignas para la gente y no estas chozas de madera con letrinas adentro”. El programa de relocalización prevé la mudanza de las familias en situación de riesgo a casillas de madera de 5×6 de carácter “provisorio”. Una vez ubicadas, son las propias familias las que construyen la casa definitiva de material, con tres dormitorios, cocina y baño instalado. Las casillas “denigran a las personas, no pueden crear una villa acá”, habían expresado los vecinos al hacer referencia a las precarias construcciones. El punto más crudo del conflicto se dio el 18 de marzo, cuando aparecieron quemadas varias de estas casillas de madera. Instituto “clasista”Mientras el Iprodha denuncia a los vecinos de Don Pedro por el presunto acto discriminatorio contra las familias en situación de riesgo social, vale recordar que el organismo carece de programas masivos de acceso a viviendas dignas para estas familias que dicen defender. Las viviendas que se construyen por el “programa de inclusión laboral” se destinan a personas en situaciones realmente alarmantes de riesgo sanitario, las que se inundan, por ejemplo; pero las 16 mil familias que viven en villas y asentamientos no tienen posibilidades de inscribirse en ningún programa del Instituto, porque se exige un nivel de ingresos de 10 mil pesos en promedio por grupo familiar.
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