SAO PAULO, Brasil (Agencias y diarios digitales). Ante la dura realidad tal vez hubiese preferido no haber ganado las elecciones de noviembre del año pasado.Dilma Rousseff se encuentra en un escenario político y económico de los más complejos que se recuerden en los últimos años en Latinoamérica. Después del trabajado triunfo en 2014, las cosas fueron de mal en peor para la mandataria brasileña. El escándalo de la estatal Petrobras, por desvíos de dineros a campañas políticas de su Partido de los Trabajadores (PT) y aliados, sigue escalando y amenaza con desestabilizar políticamente a un liderazgo que ayer alcanzó niveles récord de impopularidad.Un sondeo del Instituto Datafolha reveló que el 62% de los encuestados dijeron que el gobierno de Rousseff era “malo’’ o “pésimo’’, comparado con 44% hace un mes. Se trata de las peores tasas de popularidad para un mandatario brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue objeto de juicio político por corrupción.La bronca se sintió con fuerza el pasado domingo cuando Brasil fue escenario de manifestaciones que movilizaron a más de un millón y medio de personas. A diferencia de lo sucedido en junio de 2013, cuando comenzó este proceso de protestas, ahora el impulsor de los manifestantes no fue el descontento general producto de la situación del transporte, la salud o la educación pública. En esta oportunidad las miradas apuntaron directamente al recientemente electo gobierno del Partido de los Trabajadores. Los múltiples escándalos de corrupción que alcanzan al ejecutivo, sumados al empeoramiento de la situación económica fueron sin dudas los disparadores. Se vieron pancartas y se escucharon cánticos pidiendo la salida de la Presidenta y solicitando un “impeachment” para la jefa de Estado. El grito de “Fora Dilma” se hizo sentir.¿Cómo pudo suceder un acontecimiento de semejante envergadura a sólo meses del triunfo electoral de Rousseff? La respuesta es la fragmentación política que vive hoy el mayor país de América Latina. La ajustada victoria de la actual mandataria en segunda vuelta (51,6% de Dilma contra 48,6% de Aécio) auguraban un escenario de estas características. Fueron principalmente los sectores medios y altos los que hicieron sentir su presencia en las calles, posiblemente los mismos que apoyaron al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en las generales de 2014. Por otro lado, las clases populares se mantienen aún más fieles al Gobierno. Así están planteadas las cosas.El domingo por la noche, una vez terminadas las manifestaciones, los ministros brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron los sucesos. La respuesta fue un “panelaço” (“cacerolazo”) inmediato en las principales capitales del país, situación se que repitió el lunes.¿Es realmente posible una salida anticipada del gobierno de Dilma? Por el momento parece difícil. El proceso de Impeachment (juicio político) es complejo y se compone de factores legales y políticos, los cuales deben alienarse. En primer lugar, debería comprobarse la participación directa de Rousseff en hechos de corrupción. Aún confirmándose esto, serían necesarios los votos de 2/3 del parlamento. Dentro de la actual coyuntura es difícil que la Presidenta no consiga el apoyo de un tercio de los legisladores para bloquear el proceso.Restan todavía cuatro años de mandato y Dilma no la tendrá fácil. Será sin dudas el período más complejo para el PT desde su llegada al poder el 1 de enero de 2003. ¿Volverá la economía a la senda del crecimiento? ¿Se desacelerará la inflación? ¿Como será el desenlace de los escándalos de corrupción que se encuentran en pleno proceso de investigación? Sólo con las respuestas a estas preguntas será posible prever el escenario político de lo que resta del mandato.Por lo pronto, hay un planEl Gobierno de Brasil anunció una serie de proyectos de ley para atacar la corrupción en los distintos estratos de la administración pública, un mal endémico que fue descrito esta semana como “una señora que tiene muchos años” por la presidenta Rousseff.Tres días después de las multitudinarias marchas contra el Gobierno lanzó un paquete para atender este reclamo generalizado de la sociedad.Algunas de las propuestas ya habían comenzado a recorrer distintos niveles de tratamiento legislativo, pero no están vigentes aún.• Criminalización de la llamada “caja 2”Endurece la pena por el delito de ocultamiento o la adulteración de información ante los organismos de fiscalización electoral con el fin de esconder el origen, destino o aplicación de valores, bienes y servicios en los partidos políticos o las campañas proselitistas. Pena de tres a seis años.Criminalización del ocultamiento o disimulación del origen, la localización y los movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes que están prohibidas por la legislación vigente. Pena: de tres a diez años.Extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, como a los partidos políticos. La multa prevista es de cinco a diez veces el valor donado y no declarado.• Confiscación de bienes producto de actividades delictivasEstipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa, o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Exigirá también una enmienda constitucional.• Pedido de urgencia para permitir la enajenación anticipada de bienesEl Gobierno pidió la tramitación urgente de un proyecto de ley (ya en el Congreso) que alcanza a los bienes sobre los cuales haya indicios o pruebas de que son producto de una acción ilegal. La indisponibilidad de los bienes puede servir para reparar los daños causados, pagar multas y costos derivados o para la mera preservación de su valor. Podrá ser levantada en caso de absolución o suspensión del proceso.• Extensión de la aplicación de la llamada “ficha limpia”Exige la extensión de ese criterio para todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente, la “ficha limpia” imposibilita que puedan postularse por ocho años (duración del mandato de un senado
r) políticos que hayan sido condenados en procesos criminales.• Tipificación del enriquecimiento ilícitoCastiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de tres a ocho años.• Reglamentación de la ley anticorrupciónInstala la adopción de programas para empresas privadas que contemplen códigos de ética y políticas para detectar desvíos contra la administración pública. Contempla sanciones como multas y prohibición de contratación. Las multas serán del 0,1 al 20% y surgirán de una ecuación que se aplicará sobre la facturación bruta. La ley anticorrupción fue aprobada en la legislatura pasada y busca procesar a empresas privadas que cometan actos ilícitos contra la administración pública.• Creación de un grupo de trabajo entre los poderesPrevé la recepción de propuestas para agilizar los procesos judiciales relacionados a delitos contra el patrimonio público.
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