La Ley de Telecomunicaciones llega al recinto con modificaciones

BUENOS AIRES (DyN). Los cambios efectuados a último momento en muchos de los 85 artículos del proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones, que ayer consiguió dictamen de Comisión en el Senado, no permiten a las telefónicas brindar televisión satelital y tienden a moderar por un tiempo su penetración en los segmentos Pyme, aunque la iniciativa sigue sin dejar en claro en quién delegará el Poder Ejecutivo el carácter de Autoridad de Aplicación.     Debido a las presentaciones de sectores que denunciaron perjuicios por el avance de las grandes compañías y hasta por la resistencia de muchos legisladores oficialistas en convalidar el primer proyecto, el dictamen que se firmó en el Senado para habilitar su tratamiento en el recinto la semana próxima frena por un tiempo algunos de los puntos que prometían cambiar el tablero de los prestadores.En primer término, el nuevo proyecto ahora dice que “los licenciatarios de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital” (artículo 9), sistema que utiliza DirectTV.Además, los cambios prevén que las empresas telefónicas tampoco podrán prestar inmediatamente el servicio de comunicación audiovisual, sino que deberán hacerlo respetando cierta gradualidad que, entre otras cuestiones, deja a la Autoridad de Aplicación la potestad de “establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés público” (artículo 82).En cuanto al artículo 9, que elimina las limitaciones a los licenciatarios de servicios públicos que establece la Ley de Medios, ahora se suma otra excepción, la del artículo 24 inciso i) de esta Ley, que alude a “directores o administradores” que posean 10% o más de una prestadora de servicios públicos. Otra de las modificaciones que se le hicieron al proyecto establece que se mantenga la categoría de “servicio público” para la telefonía fija, aunque se eliminan menciones a la telefonía móvil, a la vez que se incluyen “derechos y obligaciones de usuarios y prestadores”.“Se dispone el resguardo de las redes comunitarias”, dice la iniciativa, al tiempo que se incorpora la declaración del “derecho humano a las telecomunicaciones”. Por último, se suma el concepto de “neutralidad de la red”, que estará sujeto a condiciones de capacidad y velocidad de transmisión de datos, entre otros parámetros.Entre los aspectos filosóficos del articulado, la iniciativa promueve “el rol del Estado como planificador” y prevé “declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados”.También garantiza la “completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los ciudadanos “a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas”.