Plano inclinado

P ese a la forzada ausencia de la presidenta Cristina Kirchner del debate político, por un problema médico; el kirchnerismo apretó el acelerador para avanzar en el Congreso Nacional con el tratamiento del nuevo Código Procesal Penal y la Ley de Telecomunicaciones; una iniciativa difícil de compaginar con el espíritu horizontalista de la emblemática Ley de Medios; cuyo objetivo es permitir el ingreso de las empresas de telefonía a la distribución de imágenes.La norma, que es vista como una nueva embestida de parte del gobierno en su disputa con el Grupo Clarín, que pasa por una nueva etapa de tensiones, mereció críticas de la oposición y hasta del jefe de la bancada oficialista en el Senado, el rionegrino Miguel Picheto, quien solicitó modificaciones para dar protección a los canales de cable chicos del interior.Según el cronograma oficial, el Senado continuará con el tratamiento de dos proyectos con el fin de emitir dictamen el miércoles y aprobarlas entre el 19 y el 26 de este mes, para luego girarlas a la Cámara baja; apuntando a mantener al Congreso en actividad más allá del cierre del período de sesiones ordinarias. El oficialismo busca así sostener la postura activa del gobierno, que mantiene la agenda política bajo control con diversas iniciativas, en tanto se prepara para dar una batalla definitiva a principios de enero del año próximo, en la puja con los fondos buitre.La perspectiva de un acuerdo con los holdouts -teóricamente viable a partir del primero de enero- ya se instaló en el debate local tanto como a nivel de los mercados financieros, que apuestan a una resolución del conflicto en base a que Argentina se siente a negociar no sólo el pago de 1.200 millones que reclaman los fondos liderados por el multimillonario Paul Singer, basándose en el fallo del juez Thomás Griesa (Nueva York); sino de otros fondos que elevarían la suma a pagar hasta cerca de 5.000 millones de dólares.En este escenario, y atendiendo a la impresión general de que se acerca un desenlace cuasi obligado para el gobierno argentino, la negociación se ubica como centro de un debate político con consecuencias electorales, paralelo y en simultáneo con el problema financiero de fondo, que no deja de generar incertidumbre a futuro.El gobierno, en las personas de Jorge Capitanich, Axel Kicillof y del titular del BCRA Alejandro Vanoli, entre otros,  ya salió a aclarar que no se bajará las medias así como así en enero y negociará bajo el mismo principio de un acuerdo razonable y justo; en tanto que desde la oposición quienes critican desde el inicio la postura del gobierno K, se afilan las uñas a la espera del inicio del proceso final de la negociación, en el que creen que finalmente se desnudarán las falencias del gobierno en su estrategia contra los buitres.Relatos en pugnaEn principio, las posturas de voceros del gobierno y economistas y dirigentes políticos respecto a este conflicto, llamado “el juicio del siglo”, se salen con frecuencia de la estricta objetividad que merece el tema, urgidos por el mandato subyacente de una campaña electoral en ciernes con tonos de fuerte confrontación. El gobierno, al que el cuesta admitir fracasos, como por ejemplo la sanción de la Ley de pago soberano; que no parece haber logrado los objetivos deseados; y los sectores de oposición que buscan energizarse con los fracaso del adversario; buscan ambos capitalizar políticamente el cierre del conflicto.  El beneficio no será fácil de alcanzar tanto para el gobierno que intenta llegar a un puerto razonable sin sacrificar la consigna “patria o buitres”, como para algunos sectores de oposición que parecen haber depositado demasiadas fichas a un fracaso de la postura argentina. El debate legislativo que se avecina dado que, en caso de llegarse a un acuerdo con los holdouts, deberá pasar por el Congreso más allá del resultado financiero de la aventura; se instalará como la rampa de lanzamiento del proceso electoral -ya lanzado de hecho- pero todavía con varias incógnitas a despejar en la oferta de candidaturas, y, lo que puede ser más importante, del lado del escenario económico que abrirá el año electoral.¿Flexibilización?En la provincia, se destacó en la semana la casi nula flexibilización de la postura del director de la DGR, Miguel “Pimpi” Thomas, quien admitió excesos al acordar con empresarios amigos una supuesta disminución del porcentaje del polémico anticipo del Impuesto a los Ingresos Brutos,  que se fijó en 2,85%  y de las  multas a los comerciantes por errores formales en los envíos de mercadería; que pasaran a ser de 300 pesos si ocurre una sola vez. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), entidad que lideró la protesta contra los abusos en la política tributaria provincial; se señaló que estas medidas, más la exención el pago del Impuesto a los Sellos en la compra de bienes de capital y la posibilidad de que los madereros usen la tasa forestal como pago a cuenta del impuesto a las exportaciones; son “logros parciales” de la lucha de los comerciantes con el apoyo de diversos sectores, entre ellos de diputados de la oposición. Para la CCIP, la presión fiscal sigue siendo excesiva en la provincia, habida cuenta de que las flexibilizaciones en su aplicación no legitiman, por ejemplo, a la distorsiva tasa provincial a las exportaciones.Receso movidoPor su parte, el cierre del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, que abre una generosa temporada de descanso para los representantes del pueblo, equivale en algún sentido a una señal de largada de la campaña electoral a nivel provincial, ya que los legisladores recién retornarán al recinto el primero de mayo próximo, es decir en plena campaña para las elecciones de octubre de 2015, mes en que se estima que se harían este año las elecciones provinciales, en coincidencia con los comicios nacionales. La alteración de la costumbre tradicional de la renovación de anticiparse en la fecha electoral provincial no estaría resuelta definitivamente; pero obraría en su favor no sólo el acuerdo con el sciolismo -ya anunciado públicamente con la visita del gobernador bonaerense y precandidato presidencial del kirchnerismo- sino por una eventual coincidencia con el FPV misionero. El 10 de diciembre, de cualquier forma, los diputados deberán concurrir al Parlamento misionero para la sesión especial en que se deberán decidir las autoridades para el próximo período; y que sería, se estima, la señal de lanzamiento definitivo de la campaña. Mientras la reelección de Rovira es un hecho al frente del Poder Legislativo, a la que se verá si contribuyen algunos diputados de la oposición como en años
anteriores; se sabe que el mandamás ya ratificó en la presidencia primera a Juan Carlos Agulla, pero con la orden de no continuar con las internas en el bloque. Hasta ayer había señales de cautela y preocupación en el oficialismo legislativo tras confirmarse la internación por problemas cardiovasculares del presidente del cuerpo que seguramente deba ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Especialmente por su rol de conductor del partido gobernante en medio de las tensiones de un año electoral y las consecuencias que esto pueda tener en la salud del diputado. Luego de una reciente cumbre entre Rovira y Closs  en la que acordaron estrategias para sostener la candidatura de Hugo Passalacqua a la Gobernación, en ámbitos renovadores se comenta que el eldoradense Alex Ziegler no podría  aunque quisiera ir por fuera de la renovación, con la pechera del FPV, dado el alineamiento explícito del Frente Renovador en estas elecciones, y el interés de la Casa Rosada en contar con los diputados nacionales del FR misionero.La candidatura de Passalacqua se haría oficial, probablemente, el 17 de noviembre próximo, en el acto del “Día del provinciano misionero”, recientemente sancionado por la Legislatura y al que el oficialismo pretende erigir en una demostración de poder territorial y político. Previamente, el sábado 15 en General Alvear  habría una reunión de la Juventud en la que Passalacqua sería uno de los dos oradores. Pero todo dependerá de la salud de Carlos Rovira.El desafío del oficialismo, además de retener la Gobernación, estará en el recambio legislativo, en que se irán los 18 diputados que ganó en 2011 y deberá reemplazarlos, por lo menos con 12 para tener mayoría propia en el próximo período.