OBERÁ. Las familias asentadas en terrenos privados del municipio de Colonia Guaraní hace diez meses solicitan se les adjudique las tierras. Se trata de 40 familias que decidieron ocupar las tierras impulsadas por la necesidad de tener un lugar donde vivir. La dueña del espacio en cuestión donó 40 lotes, pero hasta el momento los terrenos no fueron otorgados y, según sus ocupantes, fueron amenazados de desalojo.Héctor Padilla, uno de los residentes en el lugar, dijo que han entregado un petitorio al intendente para que se resuelva de una vez la situación, pero nunca tuvieron respuestas. Según él, en los últimos días “llegaron el juez de Paz, junto a un exjuez y dos patrulleros policiales a decirnos que debíamos salir o nos sacarían por la fuerza. Con autoritarismo, como si fuéramos animales. Para mí eso es abuso de poder. No tuvieron consideración con niños que estaban en sus casas, a quienes asustaron y quedaron llorando”, acusó.Por su parte Horacio Arzamendia, también referente de las familias, reiteró la situación de precariedad en la que viven, sin lograr la atención debida: “Estamos ahí, por verdadera necesidad. Sin los servicios, sin agua potable, expuestos a enfermedades. La mayoría son tareferos o trabajan en olerías. El intendente si quisiera podría gestionar la bolsa de alimentos que brinda la Provincia, pero no le interesa. Ni siquiera nos atiende”, expresó.Según explicaron, el petitorio entregado al Ejecutivo local consta de dos puntos: uno es que les otorguen las tierras y el otro que se gestione que, al igual que en otras localidades, les lleguen los módulos alimentarios que provienen de Desarrollo Social de la Provincia.El intendente, Daniel García Dos Santos, fue contundente en la respuesta: “Yo trabajo por mi gente, ahí se ubicaron personas que no son del municipio”, manifestó y fue más duro aún al advertir que “no trato con delincuentes. Tenemos una postura en común con el Concejo Deliberante de trabajar por nuestros vecinos”.El jefe comunal reconoció que la dueña de las tierras donó 40 lotes que “se van a entregar a las familias que son del municipio, deben certificar al menos dos años de residencia y no tener antecedentes penales”, afirmó.Por los dichos del intendente la Justicia Civil es la que debe resolver la situación legal y la entrega será a través de la Dirección de Tierras de la Provincia. Aunque no dio fecha probable de entrega, señaló que sería “en poco tiempo”.





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