POSADAS. El manejo de los dineros públicos por parte del gobernador Maurice Closs y del Ejecutivo provincial volvió a estar en debate ayer en la comisión de Presupuesto de la Legislatura, donde se analizó el cálculo de gastos para el año próximo del Tribunal de Cuentas (organismo que controla todos los gastos públicos), del Poder Judicial y del Tribunal Electoral.Como de costumbre, los diputados renovadores no participaron de la discusión ni consultaron a los funcionarios que asistieron las oficinas del Poder Legislativo. Solamente la oposición hizo hincapié en los bajos porcentajes que recibirán estos organismos en 2015, de acuerdo al cálculo de presupuesto enviado por el Gobernador a la Cámara de Representantes.Los diputados Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso), María Losada, Hugo Escalada, Germán Bordón y Gustavo González (UCR) y Alfredo Schiavoni (Pro) apuntaron en varias oportunidades que el funcionamiento de la Justicia y el control de los gastos por parte del Tribunal Electoral no forman parte de las prioridades del Gobierno renovador y por ello sólo recibirán 3,16% y 0,8% respectivamente de todo lo que gastará la provincia en 2015.Para el Tribunal de Cuentas se proyectaron 186.372.000 pesos, de los cuales el 92% corresponde al pago de salarios del personal (un plantel de 450 entre funcionarios y empleados administrativos), quedando solamente el 8% para el funcionamiento del organismo, que tiene como misión controlar a los 75 intendentes, los ministerios y organismos provinciales, y todos los gastos del Estado provincial, subsidios, entre otros. La oposición consultó si tenían los recursos para funcionar, a lo que el presidente del organismo, Pedro Forés, señaló que falta personal, faltan mobiliario, tecnología, vehículos y también edificio propio. Cuando le pidieron que cuantifique cuánto necesitaría para un funcionamiento óptimo, así los legisladores podrían debatir una ampliación presupuestaria en el proyecto, sorprendió la postura de Forés y del vocal Bruno Paprocki, quienes negaron reiteradamente la necesidad de mayor presupuesto, contradiciendo las primeras expresiones. La falta de infraestructura, personal y otros recursos quedó en evidencia cuando relataron que por año entran cerca de 25 a 30 mil expedientes, pero el año pasado solamente se emitieron 6.000 sentencias o resoluciones. Asimismo, este año, de más de 10 mil expedientes, solamente se emitieron 1.622 resoluciones o sentencias. Wipplinger insistió en que cuantifiquen cuánto necesitan para hacer óptimo el funcionamiento, porque recibirán muy poco y es fundamental que el organismo de control funcione al 100%, con comodidad y los recursos e infraestructura necesaria. El vocal Paprocki dijo que la provincia estaba atravesando una situación de crisis por eso ellos preferían pedir aumentos presupuestarios “de a poco”.Sin embargo, el diputado de Trabajo y Progreso arremetió que “hablar de crisis es tener doble discurso, porque el Gobernador tiene 1.500 millones en plazo fijo”. En esa misma línea, la diputada Losada señaló que “si hay 30 mil expedientes al año y sólo 1.600 resoluciones, estamos hablando de un problema de eficiencia en el Tribunal, necesitamos que sincere su necesidad económica”.Otra vez Forés y Paprocki se negaron a pedir más presupuesto argumentando que cuando se digitalice el funcionamiento del TC recién tendrán la pauta de la necesidad real de presupuesto y personal. A los diputados les sorprendió esa actitud de los funcionarios.Por último, Schiavoni volvió a cargar sobre el mismo tema, sin lograr hacer entrar en razón a los funcionarios: “Le estamos asignando muy pocos recursos al control de los gastos públicos, algo que es central para la transparencia”, advirtió.La Justicia pidió másLuego asistió el Poder Judicial, que a diferencia del Tribunal Electoral sí pidió más recursos de los asignados en el presupuesto de Closs. La presidenta del cuerpo, Ramona Velázquez, fue apoyada por los diputados opositores para expresar todas las reales necesidades para que la Justicia misionera tenga lo necesario para brindar un buen servicio a la población.El Poder Judicial dispondrá el año próximo de 732 millones de pesos, de los cuales 610 millones se destinarán al sueldo del personal, por lo tanto, al igual que el otro organismo, es poco el presupuesto que le queda para funcionamiento en toda la provincia. Por esta razón, Velázquez dijo que son necesarios como mínimo 23 millones de pesos más para personal y para restauración, mantenimiento y construcción de edificios en toda Misiones. Además, anunció que se abrirán oficinas de mediación (tres en Posadas y tres en el interior), por lo tanto es un gasto que adicional que acercará por escrito al Ejecutivo.Detalló Velázquez que se está avanzando con la informatización judicial en juzgados de paz y varios penales y que el año próximo la idea es continuar con ello. 30 mesas de voto electrónico Luego de la Justicia y el organismo de control, fue el turno del Tribunal Electoral, organismo que tiene la función de organizar y supervisar las elecciones en la provincia cada dos años. Calculó un presupuesto de 47 millones de pesos y su presidente, Rubén Uset, señaló que se previó el desdoblamiento electoral, es decir, que Misiones podría elegir Gobernador en mayo o junio y luego la Presidencia el 25 de octubre. Indicó que el año próximo se volverá a realizar “la experiencia” del voto electrónico, con 30 mesas que se colocarán en Posadas y que están siendo diseñadas y serán patentadas por ingenieros del propio Tribunal, cada una con un costo de 25.200 pesos.Consultado por Wipplinger sobre las escasas mesas para voto electrónico, Uset dijo que prefiere “avanzar despacio pero a paso firme”.
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