POSADAS. No tendría respuesta en la sesión ordinaria de hoy del Concejo Deliberante local la pretensión opositora de que se reclame al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) el cumplimiento de las limitaciones horarias para la apertura de casinos y salas de juegos de azar. El tema, con tratamiento preferencial para la plenaria de la fecha, seguiría en suspenso a la espera de una resolución judicial sobre su constitucionalidad.El artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal (COM), revisada en 2010, establece la restricción horaria a un máximo de doce horas diarias para la apertura al público de esos negocios, así como la obligación de realizar una audiencia pública y el aval de dos tercios de los miembros del Deliberativo para aprobar la habilitación de nuevos locales. La disposición debió entrar en vigencia a la sanción de esa constitución municipal modificada, el 10 de noviembre de 2010, pero motivó dos recursos a la Justicia por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc).Doble planteo judicialEl organismo provincial, entonces presidido por el hoy ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, tras la aprobación por la unanimidad de los convencionales municipales de la norma, presentó aquel año un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición. Entendía que se invade su competencia en la materia de salas de juegos otorgada por una ley provincial y un recurso de amparo para su no aplicación hasta que se decida la cuestión de fondo.El planteo jurisdiccional quedó radicado ante el Superior Tribunal de Justicia y se encuentra allí desde entonces sin resolución alguna. En 2012 se habría corrido vista del expediente al Municipio, que, a través del fiscal municipal, Carlos Manuel Freaza, sostuvo la defensa de la autonomía comunal y de la jurisdicción de ésta en materia de habilitación comercial.Esa falta de definición es la que en años anteriores dejó caer también propuestas similares al presentado por el radicalismo ahora, del concejal Rolando Rubleski, que hace dos años motivaron además un encuentro entre el ahora titular del Instituto de Lotería, Eduardo Torres, y los ediles del oficialismo.Si bien existiría voluntad en el Gobierno municipal por hacer cumplir la disposición de la COM, se demoraría su aplicación hasta que haya una decisión judicial.
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