POSADAS. Las conclusiones de un relevamiento efectuado por la Justicia, que en realidad se efectúa año tras año, advierten sobre el colapso de las condiciones de alojamiento de los reclusos en la mayoría de las unidades penales de la provincia.El documento fue remitido en junio pasado a la Procuraduría de la provincia, a cargo del fiscal general Miguel Ángel Piñeiro, quien seguramente lo reenviará a las autoridades pertinentes.Las conclusiones de ese trabajo son coincidentes con un informe publicado por este diario en mayo pasado: las instalaciones carcelarias están colmadas y en algunas, literalmente colapsadas.No fue el único dato revelador en aquel entonces. Se indicó que el 90% de los menores que alguna vez pasó por la UP IV confesó haber delinquido bajo los efectos de alguna sustancia alteradora y adictiva.El caso más preocupante, de acuerdo con los guarismos remitidos al Procurador, es el de la Unidad Penal 1, de Loreto, complejo penitenciario que cuenta con una población carcelaria de 278 internos para una capacidad total de 250.El reporte indica que la situación “coloca en una posición crítica al mencionado establecimiento y atenta inevitablemente contra las condiciones mínimas para mantener la salubridad, la seguridad y la convivencia entre los internos, al encontrarse en las puertas del hacinamiento”.Otro complejo penitenciario en condiciones deplorables es la Unidad Penal 2 de Oberá, donde conviven 312 reclusos para 280 plazas. Y el panorama se repite en la mayoría de las unidades de la provincia.Como adelantara PRIMERA EDICIÓN en oportunidad del mencionado informe en mayo, se aguarda la inauguración de las cárceles de Cerro Azul y de Puerto Rico para descomprimir en parte la situación.Cada una tendrá una capacidad para 120 presos.El problema es complejo porque, al contrario de lo que propugna el Gobierno, cada año son más los condenados por distintos delitos que deben ir a alguna de las cárceles de la provincia.Mientras, muchos imputados con prisión preventiva aguardan en comisarías de la Policía de Misiones.En simultáneo, se produce una situación contradictoria: mientras son pocas las plazas para los presos condenados por la Justicia misionera, el Gobierno accedió a alojar a detenidos por causas pendientes con la Justicia Federal. Asimismo, personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) custodia a detenidos considerados de extrema peligrosidad en algunas seccionales policiales. Un dramaEl alojamiento de imputados con prisión preventiva en dependencias policiales despertó siempre la preocupación de los altos mandos de la fuerza de seguridad provincial.Por tres motivos: 1- su alta peligrosidad en algunos casos; 2- el riesgo cierto de fuga; 3- el personal no está preparado para custodiar a detenidos con esas características.Esta situación llevó a que personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) custodiara algunas dependencias policiales, sobre todo en aquéllas que albergan a sospechosos de temer.Pareciera una ecuación difícil de resolver, porque el Instituto de Encausados y Procesados (UP VI) posee sus instalaciones colmadas y los aspirantes a ocupar sus celdas no paran de llegar. De acuerdo con el relevamiento efectuado por el Poder Judicial, al menos para finales de junio, en la UP VI había 211 internos para 200 plazas. Esto demuestra que la teoría de “la puerta giratoria” impulsada por el Gobierno provincial, de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, carece de sentido.
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