SAN VICENTE. El Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó un pedido de informe sobre las denuncias que hizo el Ejecutivo por los terrenos usurpados en tierras municipales. El proyecto había sido presentado antes del receso invernal por la edil del Frente Unidos por la Dignidad, Clelia Carballo. En concreto, el cuerpo deliberativo pretende conocer las denuncias que existen por terrenos ocupados y en qué condiciones se encuentran éstos, además del avance en la Justicia sobre este tema.En la Capital Nacional de la Madera hay una gran cantidad de tierras de dominio público y privado que están ocupados por intrusos. A fin del año pasado y a principios de 2014 hubo tres intrusiones importantes, donde más de 100 familias se establecieron en terrenos municipales, fiscales y de Vialidad Nacional. Esto se agrega a otras intrusiones como la del barrio detrás del CIC, donde hace tres años que se metieron unas 60 familias y hasta hoy el asentamiento está judicializado. También hay otras ocupaciones más antiguas en tierras privadas.En el proyecto de comunicación, los ediles piden que el Departamento Ejecutivo Municipal informe al Concejo Deliberante acerca de cuáles son las denuncias existentes desde el Municipio por terrenos usurpados, las condiciones y avances en materia judicial en el que se encuentran esas denuncias realizadas por el intendente Waldomiro Dos Santos.Los concejales tuvieron presente la situación de los ocupantes del barrio que se formó detrás del CIC, en el barrio San Roque González. Durante el receso de invierno estuvieron en el asentamiento y pudieron ver las penurias de los habitantes por vivir en una situación inestable y a merced de lo que puede resolver la Justicia. Ese predio está judicializado porque el propio intendente realizó la denuncia a los usurpadores apenas se conoció la invasión. Eso pasó el 17 de octubre de 2011 y hasta hoy no hay una resolución al respecto por parte del Juzgado de Instrucción local. En virtud de ello, el Municipio no puede hacer nada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese alojamiento.También hubo una ocupación el 31 de diciembre del año pasado: un grupo de familias entró en un predio sobrante de la exruta nacional 14 a la altura del kilómetro 1.254, a seis kilómetros del centro de la ciudad. Ese terreno pertenece al Municipio, pero la prioridad de utilización y de regularización la tiene el frentista. Como el predio estaba cubierto de malezas, un grupo de familias de la zona que vivía en terrenos prestados decidió invadir y hacer sus casas. El intendente Dos Santos hizo la denuncia por usurpación y se fue de vacaciones. Nunca se acercó a interiorizarse de la realidad y las condiciones de vida de esas familias para evaluar otro tipo de solución.Pocos días después, en el kilómetro 1.264, otro grupo de familias entró en un predio al costado de la ruta nacional 14. Hasta ahora no se conoce quién tiene el dominio de ese predio y si hay alguna denuncia al respecto. Gente cercana al intendente había advertido sobre una denuncia por usurpación, pero que no se conoció. Se presume que ese predio es del Fisco provincial. Mientras tanto, las familias están levantando sus viviendas de madera.Para los ediles, hoy “las prácticas usurpatorias se han transformado en un medio de acceso a la propiedad de ciudadanos que poseen necesidades habitacionales” y alertan de que “la usurpación es un delito tipificado penalmente por lo que sólo los fueros judiciales son los encargados de iniciar un proceso judicial por esa causa y de emitir una sentencia contraventoria”. Muestran además su preocupación “por las situaciones que estamos viviendo en la ciudad, con la usurpación de terrenos municipales y propiedades” privadas.En cualquier caso, hay un gran déficit habitacional en el municipio de San Vicente que ningún funcionario toma en serio. Hace casi un año, PRIMERA EDICIÓN publicó un informe sobre la necesidad de viviendas. En ese entonces había una demanda de unas 1.500, según datos suministrados por una fuente que tiene acceso a los pedidos de viviendas del Iprodha. Desde entonces no se entregaron viviendas en el municipio, aunque hay unas 150 en ejecución. Pero las familias que usurpan terrenos no pueden acceder a ellas porque no tienen el nivel de ingreso que exige el ente provincial para adjudicar una casa.
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