BUENOS AIRES (NA). El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión “urgente” de cancilleres para el próximo jueves en la que se tratará la disputa de la Argentina con los fondos buitre, sin apoyo de Estados Unidos que defendió la “independencia” de su Poder Judicial. El llamamiento fue aprobado por aclamación tras un requerimiento de la Argentina para que se convoque a una Reunión de Consultas a nivel de cancilleres para discutir la batalla legal con los fondos especulativos.Esta 28ª Reunión de Consultas de los cancilleres del hemisferio se realizará el jueves 3 de junio en la sede de la OEA, en Washington. Aunque el requerimiento argentino fue aprobado por aclamación, la delegación de Estados Unidos que responde a la administración de Barack Obama dejó constancia que de haber existido una votación se habría abstenido. La representante estadounidense leyó un texto corto en el que remarcó que el caso depende del sistema judicial, que es independiente del Gobierno y pidió no interferir en sus decisiones.Agregó que Washington espera que la Argentina soluciones sus problemas con sus acreedores de manera que esto no impida su crecimiento con inclusión.La definición cobra valor en momentos en que trascendió que la Argentina exploraría la posibilidad de llevar el pleito ante la Corte Internacional de La Haya, para lo cual demandaría al Estado norteamericano y necesitaría el aval de la Casa Blanca.Previamente, el representante alterno de Argentina ante la OEA, Julio César Ayala, presentó formalmente el requerimiento oficial ante el Consejo Permanente alegando que se trataba de una cuestión “urgente y de interés común” para los estados americanos.“Se trata de una cuestión que excede los aspectos financieros y tiene implicancias y consecuencias de índole global”, dijo el diplomático argentino, según reportó AFP.Entre las declaraciones de apoyo, la de Ecuador fue la más enérgica, ya que el representante de ese país recordó que la mayoría de los países latinoamericanos posee bonos de su deuda soberana y contratos financieros bajo la jurisdicción de la justicia estadounidense.“Es una situación sin precedentes en el derecho internacional, y sienta un precedente nefasto contra cualquier país”, dijo el diplomático ecuatoriano en su intervención.Antes de la votación, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su solidaridad con la Argentina en su disputa con los fondos buitre por la deuda en default, tras los fallos adversos para el país en los tribunales estadounidenses. “Quiero expresar mi solidaridad para con la Argentina, tal como se lo había anticipado en varias oportunidades al canciller (Timerman)”, dijo el funcionario de origen chileno en la reunión que el organismo llevaba adelante en Washington. Insulza propuso la reunión de cancilleres de los países miembro para el próximo jueves debido a la “urgencia” que amerita el tema argentino, dado que el país podría caer en default el próximo 31 de julio próximo.“Este es un tema urgente porque se están venciendo plazos. Es importante tener una manifestación sobre esto, pronto. Me llama la atención la cobertura de prensa que ha tenido el fin de semana esta reunión, esto demuestra la importancia del tema y de expresarse pronto”, insistió Insulza. El secretario general de la OEA propuso invitar a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y al titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, a dar sus opiniones. Cuenta regresivaA partir de ayer comenzaron a correr 30 días en los que el Gobierno intentará entablar negociaciones con los fondos buitre entre la espada y la pared: el peligro inminente de default y la posibilidad cierta de que un acuerdo con los holdouts dispare nuevos juicios con tenedores de bonos reestructurados.El jueves, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno había iniciado los mecanismos para pagar los vencimientos de ayer, por unos u$s 1.000 millones, de los cuales u$s 832 millones corresponden a bonos emitidos bajo ley extranjera y u$s 539 millones tienen sede en Nueva York. Griesa optó por prohibir el pago y obligó al BONY a devolver el dinero al pagador.
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