POSADAS. Al menos en lo atinente a las causas penales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) parece funcionar como un corralito: se cierra la tranquera y los expedientes pueden permanecer allí años, encerrados o cajoneados, como más prefiera. Ejemplos sobran, pero el más reciente y emblemático es el de Violeta del Carmen Artymyszyn. El caso llegó ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH), patrocinado por la defensora general de la Nación, Stela Maris Martínez.De sufrir un fallo adverso, la Argentina podría ser sancionada con dureza por violación a los tratados internacionales a los que adhirió hace décadas.Al fin y al cabo, dice un viejo adagio judicial que “Justicia lenta no es Justicia”. El Poder Judicial de la provincia dio un gran paso adelante para agilizar el sistema con la puesta en funcionamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de Misiones, integrada por los jueces José Alberto López, José Jacobo Mass, Marisa Dilaccio y Ricardo Venialgo.De esta manera, se trabaja con mayor minuciosidad y rigurosidad científica en cada planteo y se oxigenó la tarea de los tribunales penales, que anteriormente actuaban como Cámara de Apelaciones.Pero la cantidad de causas que llegan al STJ y permanecen allí durante años resulta como un tiro por la culata.Acusados y condenados en primera instancia terminan recuperando la libertad porque la sentencia no queda firme y los plazos de prisión preventiva caen como un castillo de naipes.Así como la Cámara de Apelaciones observa lo actuado por los jueces de primera instancia, la implementación de una de Cámara de Casación Penal sería fundamental para atender las sentencias de los tribunales inferiores. De esta manera, seguramente, se tardará menos de un año en resolver una casación y no cuatro o más, como sucede.El caso Artymyszyn es uno de los tantos que invernaron en el STJ. Hubo y hay otros. Uno de ellos es el homicidio del exdelegado del Pami, Carlos Iriarte, ultimado a tiros la madrugada del 3 de marzo de 1998. Fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los detenidos recuperaron la libertad.En el Alto Cuerpo permanece el aberrante homicidio de Silvia Andrea González, la joven asesinada por los “hijos del poder” en Campo Viera, el 18 de octubre de 2001, con un planteo de prescripción.En paralelo, no son pocas las causas en las que los acusados son excarcelados por vencimiento de los plazos de la prisión preventiva. Ocurre en cada uno de los tribunales. Sería bueno que se tomen cartas en el asunto, en tiempos en que la doctrina nacional se afirma en favor de mantener en libertad al imputado cualquiera sea el delito, siempre y cuando no medie el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. “Haz lo que digo y no lo que hago”El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inspeccionó semanas atrás los tribunales penales 1 y 2 de Posadas.La visita se fundamentó en la supuesta demora de aquéllos en contestar los oficios con pedidos de informes librados por el máximo órgano judicial de la provincia.El malestar habría calado hondo entre los jueces de sentencia de primera instancia.Según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN, el mismísimo magistrado Roque Martín González, integrante del Tribunal Penal 2, habría sido apercibido por sus superiores.El clima de tensión pareció recrudecer cuando se bajó la orden de que los empleados de ambos tribunales, al menos los de mayor responsabilidad, debían concurrir a su lugar de trabajo en horas de la tarde.“Nosotros no somos justamente los que demoramos los expedientes durante años”, pareció gruñir por lo bajo un empleado judicial de experiencia.Nadie salió a decirlo, pero fue “vox populi” en los corrillos judiciales el profundo malestar que despertó la medida.La frase de aquel viejo trabajador judicial no está muy lejos de la realidad y hace alusión al tiempo que demora el STJ en resolver los recursos de casación que llegan a ese Alto Cuerpo, sobre todo, o exclusivamente, los que corresponden al fuero penal.Las causas son muchas, pero quizás la más emblemática sea la de Violeta del Carmen Artymyszyn, quien permaneció privada de su libertad ocho años sin sentencia firme, a la espera de que el Superior confirmara o revocara la condena a prisión perpetua.Haciéndola corta, ahora la defensora general de la Nación aceptó y llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos). En caso de una resolución favorable a ella, Argentina podría afrontar duras sanciones.Así como el enojo por aquellas inspecciones, también es “vox populi” entre los matriculados que el STJ debiera contar con un entendido, un especialista en materia penal. Ahora que se habla de una vacante, sería una buena oportunidad.
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