Iguazú: cruce entre los ediles por la emergencia

PUERTO IGUAZÚ. Por decisión de la mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante local, no se aprobó la intención de tratar la derogación de la ordenanza de “emergencia económica”, que rige desde el 2011 en el municipio.El proyecto de ordenanza presentado en ese sentido, fue puesto a consideración por la recientemente incorporada concejal Natalia Méndez Ferreira, para tener tratamiento de preferencia el jueves que viene. Sin embargo, no tuvo el apoyo de los cuatro ediles oficialistas, aunque sí de sus pares Hugo Sartori y Marcela González.La edil opositora, adelantó que realizará las denuncias correspondientes por lo que considera “una falta en los deberes de funcionarios públicos”.“Juraron ejercer fielmente las funciones de funcionario público. No entiendo cómo teniendo las herramientas, para hacer un buen desempeño del ejercicio, no la utilizamos”, enfatizó Méndez refiriéndose a sus pares.La ordenanza 48/11 de “emergencia económica”, fue muy cuestionada porque permite al intendente revisar contratos y celebrar convenios, además de otras facultades. Sin embargo, a través de una resolución,el alcalde renovador Marcelo Sánchez (cuñado de Maurice Closs) tomó polémicas decisiones.Además, la edil radical no fue acompañada en un pedido de interpelación al secretario de Gobierno, Juan José Raynoldi, a lo que el sanchista Lucio Schreiner le respondió que el funcionario municipal estuvo en reunión de comisión pero la concejal no se hizo presente.En referencia a la emergencia, el oficialista Humberto Rossini, argumentó que “es un acto de irresponsabilidad pedir la derogación de la emergencia. La gestión anterior tiene juicios por 20 millones de pesos y si eso se llega a pagar, el ejecutivo no podría pagar los sueldos como lo está haciendo”.“Se conoce quiénes quieren transparentar la gestión y quiénes no. Si hay algún tipo de complicidad, será la Justicia la que deberá decidir”, finalizo Méndez.En cambio, mediante un despacho de comisión, salió por unanimidad un pedido de informes al Ejecutivo sobre la existencia de la resolución que habilita a la empresa de trasporte urbano a realizar una línea especial que une los atractivos turísticos de la ciudad.