PUERTO IGUAZÚ. La Policía quiso desalojar a las familias que se instalaron en el predio de doce hectáreas del barrio Almirante Brown, pero el intento fue frustrado, aunque detuvieron al vocero de los ocupantes, Magno Britez.Fue alrededor de las 15 cuando comenzó a desplegarse un fuerte operativo policial que estaba destinado a llevar a cabo el despeje de los intrusos. Como primera medida tomada fue la detención de Britez, quien fue el vocero de los ocupantes ilegales del predio durante todo este tiempo. Luego de algunas negociaciones entre ocupantes y miembros de la Justicia, se resolvió desalojar los inmuebles que las familias habían levantado en el terreno. Respecto al empleado municipal Britez, trascendió su detención en horas de la mañana, cuando se dirigía a la Municipalidad a retirar su canasta navideña.Sobre la orden judicial de desalojo de los inmuebles de los usurpadores, librada por el juez de Intrucción 3, Juan Pablo Fernández Rissi, el fiscal del mismo juzgado, Martín Brites, explicó ayer a PRIMERA EDICIÓN que “armados con palos con clavos, machetes y cuchillos, entre otras armas blancas, estos vecinos resistieron nuevamente la orden, que en este caso era de secuestrar todo lo que era construcción de inmueble, porque es una propiedad privada y no pueden construir allí”. Agregó que “también chicos de diez o doce años con palos con clavos y mujeres armadas se levantaron contra los efectivos de la Unidad Regional V que llegaron hasta allí para hacer cumplir la orden del juez. Claramente, y tal como lo declaró uno de los líderes de estas familias a medios de comunicación locales, ellos tienen la intención de enfrentarse con la Policía, y eso no va suceder. Al ver que estaban tan violentos y alterados, la Policía labró un acta de notificación, porque hay que decir que estas personas, que son más de 100, están violando varias órdenes judiciales, y después de esto la Policía notificó al juez la imposibilidad de llevar a cabo la orden por la actitud violenta de estas personas”. Brites también explicó que “la orden salió el primer día que se tomó conocimiento, lo que sucedió es que pidieron un tiempo prudencial hasta tanto el municipio les conceda un lugar. Pasaron las 72 horas tenían que desalojar y no lo hicieron y terminaron desobedeciendo una orden judicial y luego cuando se vencieron todos los plazos se intentó nuevamente convencerlos. Yo mismo traté de convencerlos de que se retiraran de la propiedad privada y se reunieron con el juez, quien les explicó la causa y la documentación que tenemos. Les dijo que se trataba de una propiedad privada, manifestaron que iban comunicar a la gente sobre lo que les dijo el juez. Después, ya con el registro de la propiedad de Inmueble en mano, que deja constancia de que se trata de una propiedad privada, el juez dispuso una nueva medida que es secuestrar lo que es construcción de inmuebles y que tienen que desalojar, previo se libró una orden de detención para el vocero y representante de estas personas, el empleado municipal Magno Britez”.El desalojo fue fallido ante la resistencia de las personas allí asentadas hace varias semanas. El resultado fue que llegasen más personas a instalarse en el predio y ahora sumarían a 250 familias en el predio privado. El fiscal indicó que Britez seguirá detenido: “Está acusado de usurpación, amenazas, desobediencia de orden judicial, tiene varias causas”.La ocupación ilegal del predio se produjo en la madrugada del martes 4 de diciembre y según testimonio del sereno, fueron alrededor de cincuenta personas quienes originalmente comenzaron a instalarse en el lugar con sus familias. Pero poco a tiempo, fueron sumándose más personas.En ese entonces, la denuncia la había radicado un hombre de 52 años, en la comisaría Primera, es el cuidador del predio, ya que el propietario reside en Posadas. El sereno atestiguó que unas cincuenta personas ingresaron al lugar ubicado en el barrio Almirante Brown, en la madrugada del martes, y comenzaron a instalarse con carpas.El terreno tiene una superficie de doce hectáreas aproximadamente, y es conocido como “La Cantera”. Allí se instalaron armando carpas o simplemente lonas sostenidas por unos troncos y de esa manera muy precaria pasaron la noche. Los ocupantes ilegales pidieron ser “reubicados” por el municipio y que “se les entregue una vivienda digna” ya que reconocieron que no piensan quedarse en el lugar sino que exigen un lugar para vivir.Luego de un conflicto interno, unas veinte familias decidieron aceptar la propuesta del ejecutivo municipal y se trasladaron al ex camping municipal donde está ubicada la oficina de Acción Social, a la espera de que se les designe un lote social.
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