En vísperas de la incorporación de los diputados y senadores electos en octubre pasado; y a pesar de la trascendencia dada a los resultados electorales; como anticipo o síntoma de un recambio político en 2015; el debate en estos días está acaparado por las revueltas policiales crecientes en demanda de una recomposición salarial.Evocando el angustiante panorama que los misioneros vivieron durante nueve días el año pasado; cuando por primera vez en su historia efectivos de la Policía de Misiones se declararon en franca rebelión; el acuartelamiento policial que convirtió durante dos día a la Ciudad de Córdoba en tierra de nadie inició, esta semana, una seguidilla de reclamos que ponen entre paréntesis a la seguridad pública y a la paz social en el país.A diferencia de lo ocurrido en Misiones, la protesta cordobeza derivó de inmediato en una ola de saqueos que hizo cundir el pánico entre la población y dejó entrever un inquietante trasfondo de desintegración y tensión social más que preocupante, al abolir prácticamente, por espacio de casi dos días, el imperio de la ley en uno de los principales centros urbanos del país.Los pases de facturas entre el gobernador De La Sota y funcionarios del Gobierno nacional respecto a la responsabilidad en el mantenimiento del orden público profundizaron la sensación de vacío institucional que produjo la rebelión policial en la provincia mediterránea; donde el envío de fuerzas de Gendarmería Nacional fue demorado en exceso, y peligrosamente dadas las circunstancias, por el gobierno nacional. El viernes, las protestas de uniformados se trasladaron a varias provincias y generaron graves incidentes en Catamarca, donde el envío de 200 gendarmes -esta vez sí con la celeridad indicada, facilitada por el color político de la gobernadora Lucía Corpacci- sirvió para contener la situación; pero no sin que antes se verificaran enfrentamientos entre las fuerzas y una intromisión violenta de los policías en la Gobernación.Tanto en Córdoba como en Catamarca, la escalada de violencia que se insinuaba se frenó a causa de un acuerdo salarial entre el gobierno y los sublevados; en ambos casos con el ofrecimiento de un básico de 8.000 pesos; sin embargo el desborde de violencia dejó una impresión duradera de preocupación por la fragilidad del sistema de seguridad; como también por la expansión de los reclamos a través del mapa nacional; un efecto que seguramente no se detendrá hasta que se encuentre una solución genuina; que no puede ser la paradójica y coyuntural que se muestra hoy: policías actuando como piqueteros presionando al Gobierno con la indefensión ciudadana.Problema de fondo Como ocurrió con la toma de la jefatura de la Policía de Misiones en esta ciudad, al término de la huelga policial misionera, los efectivos dan muestras de asimilar para sus fines los más duros mecanismos de presión de la protesta social; con lo cual dejan sentada la necesidad de que el Estado resuelva el problema de fondo; que comenzaría por discutir seriamente la posibilidad de sindicalización de los agentes.En la mayoría de los países europeos, como en Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Perú, según datos de la OIT; los agentes están sindicalizados, con lo cual se logra canalizar institucionalmente la discusión salarial, y desvincularla del perverso mecanismo de presión sobre la inseguridad ciudadana que emerge hoy en nuestro país. La prohibición de la actividad sindical en la fuerza probablemente es sólo una parte de la compleja problemática que asoma detrás de las huelgas policiales; pero a esta altura -tras tres décadas de democracia- no hay razones para no abrir un debate profundo sobre el tema. En otro sentido, el vandalismo que se vio en las calles de Córdoba remite a desequilibrios sociales irresueltos, a los que se agrega el embate de la escalada de subas de precios, especialmente de los alimentos; que tiene a cerrar el año con una fuerte restricción al consumo popular que -paradójicamente- se propone como el motor del modelo económico. En este contexto; las designaciones en el gabinete nacional – como las de Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete y de Axel Kicillof en Economía- de funcionarios con capacidad de decisión propia; rompiendo la tendencia del gobierno de Cristina Kirchner; no han dado indicios de los cambios de rumbo que cabría esperar en áreas sensibles.Mientras en la semana Kicillof se sumaba a la comitiva que encabeza Julio De Vido; de gira por Rusia y China, buscando destrabar la afluencia de inversiones de esos países; y fuera de las buenas maneras institucionales que rescató el nuevo jefe de gabinete; reuniéndose a agenda abierta con líderes opositores y el periodismo; la medida destacada de la semana -en lo económico- se puede calificar de más de lo mismo. El aumento del 20% al 35% del recargo por consumos con tarjetas de débito y crédito en el exterior, y su extensión a la compra de dólares para el turismo, fue justificada por Capitanich en que hay un drenaje de divisas a través del turismo; pero no convenció a la mayoría de los economistas ajenos al gobierno.Es que se insiste en una política restrictiva que no ha obtenido buenos resultados; en un momento clave para los sectores de clase media con capacidad de gastar fuera del país y mientras el consumo interno, que se incentiva, se complica por la inflación. Ciertamente que, como lo demostró PRIMERA EDICIÓN al revelar como ejemplo de una práctica generalizada -y en otros casos de mayor envergadura- detalles sobre inversiones de un ministro del gabinete clossista, hay sectores con alta capacidad de consumo que pueden remontar el impedimento del cepo cambiario.Para el ciudadano común, sin embargo, el año se cierra con un signo de renovada preocupación por las subas de precios; sin que los nuevos referentes del gabinete nacional den una clara señal de cambio. Aparentemente, según versiones periodísticas, el gobierno insistiría, en la ronda de paritarias que se abrirá el año entrante, en ponerle un tope del orden del 20% a las subas salariales; otro cepo a una realidad que necesita de soluciones de fondo. En la provincia, el martes se constituiría la nueva Cámara, con la incorporación de los legisladores electos en octubre pasado; y se elegirán autoridades, en una sesión que no augura grandes novedades, salvo por la reinauguración del edificio de la Legislatura. En el bloque radical se observan tensiones internas que se verían ya en la primera sesión, ya que los criterios encontrados se verificarían de partid
a en la elección de autoridades de Cámara. El renacimiento de las expectativas que produjeron las últimas elecciones, en el centenario partido, no parece estar acompañado de una concepción política unitiva; como se vio en la pelea por la presidencia del bloque, que recayó en “Chiquitín” Molina sólo por obra de la presión del titular partidario, Hernán Damiani.A la deriva política del radicalismo corresponde, en el oficialista Frente Renovador, una tendencia a la reactivación de los internismos que presionan desde sus inicios a la pragmática alianza de gobierno, aquejada, según mostraron los últimos comicios, de no pocos síntomas de los vicios que produce el poder ejercido en exceso y sin el balance de una oposición digna de tal nombre.Las versiones de que el gobierno nacional le habría ofrecido la conducción de la EBY al correntino “Camau” Espínola, que deja su puesto de intendente y pasa al llano -después de haber hecho una buena elección como candidato K a la gobernación de la vecina provincia- abonaron todo tipo de comentarios respecto a los efectos de los intentos de la renovación de despegarse del kirchnerismo.De hecho, la anunciada formación de bloque propio en el Congreso parece haberse enfriado; y en cambio son visibles las tensiones que asoman en la propia renovación, como se vio en el culebrón personificado por “Pelito” Escobar y “Maggie” Solari por el pase de la última del Centro de Apoyo a la nueva agrupación ultra rovirista CER. Por lo que se ve en la dirigencia oficialista, el momento es de fuerte nerviosismo e incertidumbre por los posicionamientos en el período que se viene, en el que no sólo varios funcionarios se juegan sus despachos, sino que ya hay una lucha incipiente respecto a las candidaturas en 2015; una fecha que desvela a la dirigencia -tanto nacional como misionera- y definirá, cada vez más el escenario y sus protagonistas.





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