BUENOS AIRES (NA-DyN). El Gobierno salió a defenderse de las críticas y advertencias que realizaron la Corte Suprema, la Iglesia y la oposición por el incremento de las causas por narcotráfico y repartió responsabilidades en la lucha contra este tipo de delitos.El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli; el de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Control de Sustancias Psicoactivas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Julio Postiglioni, salieron por separado y por distintos medios, a reivindicar las tareas del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.“Hace pocos días el secretario de Seguridad, Sergio Berni, mantuvo una reunión con jueces federales del norte del país y con la Corte. El trabajo es constante y los resultados son contundentes. Vemos todos los días cómo se desbaratan bandas narcos”, dijo Abal Medina en declaraciones periodísticas.“La política es activa en cuanto a la detección de cargamentos y en la aprehensión de los narcos, como se ha visto recientemente con los operativos en Nordelta, donde se detuvieron a peligrosos narcotraficantes; estamos yendo a fondo, con los pesos pesados y no sólo contra un chofer del camión que transporta la cocaína”, resaltó el funcionario.“Porque duplicamos esfuerzos”Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Arturo Puricelli, defendió la política del Gobierno contra los delitos relacionados con la venta de drogas y atribuyó el aumento del 101% en las causas penales sobre narcotráfico en Salta y Jujuy, entre 2005 y 2012, a que las fuerzas policiales “han duplicado su esfuerzo para encontrar más delincuentes”.“Yo creo que la Corte le reclama al Gobierno por pedido de las cámaras (federales) de Salta y de Jujuy, pero en realidad lo que les dice es que nuestra política de seguridad está dando resultados”, analizó el ministro.El funcionario se refirió de esta manera a la resolución que el martes emitió la Corte, con la firma de sus siete integrantes, en la que les pide al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten medidas urgentes” para combatir el narcotráfico en el norte del país.Alak apuntó a la CorteEl ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que “la lucha es intensa” contra el narcotráfico pero “el enemigo es poderoso”, al tiempo que deslindó en el Consejo de la Magistratura la responsabilidad por las vacantes de jueces no cubiertas en Salta y Tucumán.Alak le envió un mensaje al máximo tribunal: “Los que denuncian, sin embargo paralizaron la posibilidad de solución”.De esta manera, el funcionario hizo referencia cuando en junio pasado la Corte declaró inconstitucionales los artículos centrales de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, una norma que había impulsado la presidenta Cristina Fernández dentro del paquete de medidas para “democratizar” la Justicia.“Hoy tendríamos un nuevo Consejo de la Magistratura y no este consejo, porque el que se impulsaba era para garantizar la celeridad en la cobertura, y lo que hoy denuncian, sin embargo paralizaron la posibilidad de solución”, respondió Alak en radio Continental cuando le preguntaron si no se hubiera declarado la inconstitucionalidad de ley de reforma judicial.“La extensión dificulta la labor”Julio Postiglioni, subsecretario de Control de Sustancias Psicoactivas a cargo de manera interina de la Sedronar, el organismo encargado de prevenir el narcotráfico, afirmó que la “extensísima frontera” del país “dificulta terriblemente el trabajo de las instituciones dedicadas a la seguridad”.El funcionario habló un día después de que la Corte Suprema de Justicia pidiera al Gobierno nacional y al Consejo de la Magistratura que “arbitren de modo urgente” las sugerencias realizadas por jueces federales para luchar contra el narcotráfico.Luego de afirmar que el delito vinculado al narcotráfico es “transnacional”, Postiglioni dijo a Radio del Plata que “tenemos un país lamentablemente con una extensísima frontera terrestre que dificulta terriblemente el trabajo de las instituciones dedicadas a la seguridad, sean las nacionales, las cuatro fuerzas federales o las provinciales también”.El presidente de la Corte Suprema Ricardo “Lorenzetti describe una realidad, que es un fenómeno mundial”, planteó el funcionario al ser consultado sobre el documento del Alto Tribunal.“Esta es una actividad delictiva transnacional que mueve altísimas sumas de dinero. Y aquí en la Argentina también se ha dado, pero no quiere decir que estemos en la peor situación”, comparó. “No podemos más”El juez federal de Salta Miguel Medina alertó que la situación en el norte del país para la lucha contra el narcotráfico “no” da para “más” porque las “estructuras son muy escasas”, y sostuvo que “es una leyenda urbana” cuando se dice que Argentina es un país de tránsito de droga, ya que “hay cada vez más consumidores”.“Acá en el norte estamos en el mínimo de las posibilidades, de 0 a 10, estaríamos en 4,5 o 5 puntos como máximo. No podemos más, porque nuestras capacidades son muy escasas y nuestra capacidad de detenidos es peor todavía”.Al respecto, Medina comentó que el caso más grave se da en el juzgado federal de la ciudad salteña de Orán, ubicada en la zona fronteriza.“Está absolutamente desbordado, tiene una incapacidad de personal crónico, dificultades edilicias y logísticas para trabajar dignamente y también existe el problema de alojamiento de detenidos”, remarcó Medina respecto al juzgado de Orán.“Estamos jaqueados”El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, denunció que los jueces del norte del país están “jaqueados” por el “narcotráfico”, ante la “falta una infraestructura de Justicia” acorde al avance de las bandas que comercializan estupefacientes.En esa línea, coincidió con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en que “caravanas de hasta cien vehículos” con narcotraficantes armados ingresan en Argentina y recorren “300, 400 kilómetros” sin ser detenidos por las fuerzas de seguridad porque las “rebasan” en pod
erío.“Estamos jaqueados porque tenemos un solo juzgado en el norte y, en el trayecto de esas caravanas, tenemos un par de juzgados en Salta y un par de juzgados en Tucumán; un juzgado en Santiago del Estero y un juzgado en Catamarca. Hace falta una infraestructura mayor de Justicia”, enfatizó Villada.“Controlamos mercaderías”El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, deslindó responsabilidades respecto del cepo cambiario y del control del narcotráfico, al señalar que las medidas cambiarias son responsabilidad del Banco Central (BCRA) y que el organismo que encabeza realiza un control eficiente en los pasos fronterizos habilitados en los que le toca actuar.“La aduana controla el ingreso y egreso de mercaderías en los pasos oficialmente habilitados, fuera de los pasos habilitados el control lo llevan a cabo la Gendarmería Nacional y la Prefectura”.En cuanto al cepo, Echegaray sostuvo: “La AFIP va en apoyo de las otras áreas de economía, pero en la adquisición de moneda extranjera, no tiene nada que ver la AFIP, es una decisión del Banco Central”, señaló el funcionario.
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