BERNARDO DE IRIGOYEN. La Escuela Especial 28 lleva más de diez años funcionando en una casita tipo ñande roga prestada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que no cumple “las mínimas condiciones para brindar clases” y posibilidades de desarrollo a los más de treinta chicos con capacidades diferentes que asisten a la misma. Esto sucede a pesar de que el Consejo General de Educación (CGE) tiene a su nombre un terreno que les fue cedido para la construcción de la escuela. Pero ese lote fue intrusado.Ingrata sorpresa“Este fin de semana me envían un mensaje de texto diciéndome que había un nuevo usurpador en el predio de la escuela”, comenzó su relato el director de la escuela, Claudio Antúnez, y siguió: “Me acerco hasta ahí y constato que es así, que entró un habitante del pueblo, un remisero, que conoce la situación de la escuela porque varias veces ha transportado a los chicos”.Entonces, “el lunes me presento en la Policía, busco la manera de solucionar rápidamente este conflicto, pero no encuentro respuesta, incluso el intendente me aconsejó que haga la denuncia y la policía me dijo que ellos no pueden actuar”, reveló el docente. Antúnez indicó que “por la tarde, junto con las madres y padres de la escuela, fuimos a dialogar con este señor y vimos que ya había construido una casilla de madera y estaba comenzando a realizar los cimientos para una construcción de material. El hombre se negó a salir de ahí, sugirió que el lugar se lo había dado una figura política y que en todo caso para irse le pagáramos lo que ya había invertido en el lugar”. “Nos sentimos pisoteados por los mismos vecinos, nos vuelven a quitar el espacio de los chicos, hablamos de inclusión social, de derechos de los niños, de brindarles posibilidades a los más necesitados, pero todos estos chicos con capacidades diferentes siguen esperando que esas hermosas palabras se vean reflejadas en hechos, porque la realidad marca un contraste muy fuerte”, aseveró.María Lourdes Rodríguez es una de las madres que estuvo presentes en la marcha, su hija todavía concurre a la escuela especial, pues no dispone de otro espacio para socializar o aprender, no tienen otro espacio de contención: “esto es una falta de respeto para nuestros hijos discapacitados que necesitan más que nadie”.“Hablamos con el intendente y él niega que le haya otorgado permiso a esta persona que usurpó el lugar. En ese lugar nosotros, desde la comunidad escolar, venimos desde hace tiempo realizando diferentes actividades (venta de pastelitos, rifas, etc.) para juntar fondos para construir un taller, un espacio para que nuestros hijos puedan aprender diferentes oficios y manualidades que les sean útiles y que les permitan desenvolverse. Como el Estado no aparece a dar soluciones lo vamos a hacer nosotros, pero ni siquiera nos respetan el lugar, nuestros hijos lo necesitan y estamos decididos a cualquier cosa para hacernos respetar”. Una historia conocidaEl año pasado y cansados de enviar notas pedidos y reclamos que nunca fueron atendidos, los padres decidieron “tomar” la escuela; luego de varios días los funcionarios de Educación y Catastro se dignaron a escucharlos y llegaron hasta Irigoyen para dialogar con ellos y buscar una solución. En ese momento se firmó un acta de acuerdo que daba respuesta al petitorio presentado, pero lamentablemente éste no se cumplió y ante ese incumplimiento decidieron volver a tomar la escuela. Otra vez la comunidad escolar se vio obligada a efectuar medidas de fuerza. Además el terreno, ya judicializado, mostraba, a pesar de la orden judicial de no innovar, como el usurpador seguía construyendo encontrando en el lugar una edificación de dos plantas.Nuevamente se acercaron funcionarios y se pactó un compromiso, se levantó la medida y toda la comunidad renovó sus esperanzas de disponer para alumnos y docentes de un predio digno y con las condiciones necesarias. “Queremos que se respeten los espacios de nuestros hijos”, piden ahora.
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