BUENOS AIRES (Diarios digitales). La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen reciente dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que se le niegue el pago de deuda a Claren Corporation, al considerar que un fallo del juez Thomas Griesa no es aplicable en la Argentina. La procuradora confirmó el fallo de primera instancia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones, que rechazó la demanda promovida por el fondo inversor por el pago de títulos de deuda pública, indicó el sitio Infobae.El 12 de diciembre de 2007, el juez del Distrito Sur de Nueva York condenó al Estado argentino a pagarle a la sociedad la suma total de u$s7.507.089, correspondiente al capital, intereses e intereses sobre los intereses impagos de los Bonos Externos Globales Negociables 1997-2017, que habían sido adquiridos por la empresa. Gils Carbó pidió al Alto Tribunal que se desestime la ejecución -bajo el nombre de exequátur- reclamada por el acreedor, que ganó el juicio con el fallo de Griesa en Estados Unidos. En el texto firmado por la procuradora, se especificó que “la sentencia extranjera sobre la que versa este exequátur obliga al Estado nacional a pagar los títulos de deuda pública que posee Claren en las condiciones estipuladas originalmente”. Y agregó: “Estos títulos, sin embargo, están comprendidos en las medidas dispuestas por el Gobierno nacional a partir de 2001 como la consecuencia de la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios de deuda”.El argumento más importante en este dictamen se centra en la ley de emergencia económica, sancionada durante la crisis de 2001, que el Ejecutivo busca prorrogar en el Congreso junto a la aprobación del Presupuesto 2014. Para Gils Carbó, “la validez de la normativa no fue ni pudo haber sido debatida” en la jurisdicción de Griesa. La funcionaria consideró que la procedencia del exequátur implicaría convalidar que Claren Corporation eluda el proceso de reestructuración de deuda dispuesto por el Estado argentino (…). Esa pretensión vulnera el “orden público local” y a su vez, tiene graves implicancias que “exceden la satisfacción de su crédito” y afectan el proceso de reestructuración.La causa aún no fue tratada en la Corte, aunque el dictamen de la procuradora se presenta como un antecedente de no pago frente a los fallos de Griesa basándose en la ley de emergencia económica. A fines de 2012, el juez ordenó el pago del 100% de la deuda a los tenedores de bonos en default, unos 1.330 millones de dólares.
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