POSADAS. Las comisiones de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitieron dictámenes ayer a los proyectos de ley para reformar los códigos de procedimientos Penal, Civil y Comercial y Laboral de la provincia. Sería tratado en la sesión de mañana y tendría el acompañamiento de algunos sectores de la oposición para convertirse en ley.El objetivo de esta reforma es actualizar los códigos de procedimientos promoviendo la celeridad y economía procesal, promoviendo el acceso a la justicia en tiempo real y sentencias más rápidas. El director del Centro de Capacitación Judicial e integrante del STJ, César Santiago, recordó que “el Poder Judicial firmó con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, primero un convenio donde uno de los temas era estudiar las reformas de los códigos de procedimiento Penal, Civil y Laboral”.“Eso nos llevó prácticamente un año y medio, y hoy estamos muy cerca de poder concretar esto que le da mucha calidad institucional a la provincia y habla de una preocupación por dotar de normas modernas para que el servicio de justicia se acerque más a la gente”, agregó.El presidente de la Comisión de Legislación General y Justicia, Alberto Alvarez, dijo que “esto demuestra el trabajo en conjunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial, es muy importante para el justiciable y para la celeridad de algunos casos que eran muy antiguos; se lleva adelante esta reforma de acuerdo a la época en que vivimos”. “Hay que destacar el acompañamiento de los bloques, el oficialista y los no oficialistas; es una satisfacción muy grande dar este paso importante en la provincia, como lo es la reforma de los códigos”, expresó.Para el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Carlos Agulla, “la incorporación de institutos modernos convertirá a Misiones en la primera provincia en tener códigos actualizados conforme a nuevas doctrinas y jurisprudencias”. “Otorgará una herramienta fundamental para los actores judiciales”.Para el presidente del Colegio de Abogados, Martín Ayala, la iniciativa será bienvenida porque los procesos ahora se hacen según la voluntad de las partes y los profesionales. “Lo que pretende ahora es poner límites de tiempo, que si bien se demandará un esfuerzo por parte de los profesionales, por la vulnerabilidad de los casos, vale la pena hacerlo”, indicó.Explicó que “hay retrasos importantes en algunos juzgados, hasta de cuatro años para llegar a juicio, en otros, un año y medio, dos, que es más razonable”.
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