POSADAS. En pocos días más se podría conocer el inicio del juicio oral y público que se seguirá a un grupo de padres y la directora de la Escuela 694 de Puerto Iguazú, Ramona Romero, denunciados por el Estado por su protesta en reclamo de un nuevo edificio escolar ocurrido en 2008.A Romero la patrocinará la abogada del Partido Obrero, representante legal de los querellantes en el juicio por el asesinato del dirigente Mariano Ferreyra que terminó con el titular de la Unión Ferroviaria José Pedrazza condenado y en la cárcel. La letrada, Claudia Ferrero, fue además una de las denunciantes de la aplicación por parte del gobierno nacional del “Proyecto X” que espió a organizaciones sociales y gremiales en todo el país.En su paso por Misiones, Ferraro -junto a Romero y el dirigente universitario Mario Coutouné-, recibió a PRIMERA EDICIÓN para explicar el estado de la causa contra los iguazuenses y repasar las consecuencias políticas y laborales del caso Ferreyra.Juez correntino para TribunalLa abogada Claudia Ferrero reveló que será un magistrado correntino quien presida el juicio oral contra el grupo de Iguazú. “La causa que había entrado en un letargo, ahora nos notifican que para conformar el Tribunal que posteriormente lleve a juicio la causa, han convocado a un juez de Corrientes. El juez al que le correspondía se jubiló (Hachiro Doi), es el mismo que elevó el caso a juicio. Como no puede intervenir, designaron a un juez correntino que aceptó el cargo”.Para Ferrero, “es un despropósito. Es una causa que debiera estar prescripta por el delito que es. Si no lo está, es por la forma estrambólica que el fiscal requirió el juicio, dividiendo el mismo hecho en dos hechos distintos y sumando penas. Una cosa totalmente violatoria de la ley procesal penal”.Más allá de la sorpresa que causó la reactivación de la causa, Ferrero aseguró que “esperamos que la causa no se lleve adelante porque no se explica el despropósito de gasto que significaría montar un Tribunal para llevar adelante a docentes y padres a los que después, les dieron la razón. Todas las reivindicaciones pedidas en el corte de ruta, después fueron atendidas por el Estado. Se mejoró una escuela, luego otra. Se les dio la razón derivando en nuevas reivindicaciones. Ramona me decía que hicieron la nueva escuela pero ahora no la mantienen y estamos en la misma a corto plazo”.Respecto del inicio del juicio, admitió que aun no hay fecha. Y confirmó que “en estos días haremos una presentación para que no se lleve adelante el juicio”.“Fue una situación extrema”Por su parte, la docente misionera Ramona Romero dijo a este diario que si hoy debiera salir a la calle a protestar por un hecho similar al de 2008, “realmente lo haría con seguridad, porque fue una situación extrema. Los docentes no estamos para salir a la calle, sino para estar en el aula. Pero había una situación extrema y como directora, había agotado todo el trámite administrativo en 15 años. Años de pedir por favor, de solicitar. Además, no salí yo, sino los padres a los que acompañé porque es mi deber. Es elemental una escuela en condiciones para los chicos”.Coutoune aseguró que un técnico firmó que la escuela era un riesgo entonces para los chicos, porque la estructura eléctrica estaba totalmente deficiente. Eso fue elevado y comunicado al Consejo General de Educación y no le dieron solución. Entonces, reclamaron solución para los chicos”.Romero recordó que “los actos escolares se hacían en la calle, los sanitarios estaban colapsados. No queremos ni recordar cómo fue. Un peligro para todos. Prácticamente era nula la posibilidad de no reclamar por fuera de la vía administrativa”.Romero recordó que incluso entre los procesados figura el comerciante de Iguazú Evaristo Barroso, conocido por promover el campeonato nacional de bolitas, quien falleció en 2010. “Él lo único que hacía es llevarnos agua al corte. Por esa razón lo procesaron como instigador. Esto aceleró su enfermedad y falleció”, contó la docente.Finalmente, confirmó: “Me han perseguido. Tenía 24 horas a la Policía frente a mi casa. Es insólito porque hay casos de inseguridad donde la Policía no va. Me ponían Policía, me hacían escuchas telefónicas”. Y que “los directores estamos presionados” al referirse además al caso de Eustacia González, colega directora de Puerto Iguazú a la que el CGE sumarió por hacer huelga.Judicialización de la lucha socialFerrero aseguró que la judicialización de la protesta social se da en todo el país. “En lo que va del gobierno kirchnerista aumentó gravemente. Hay provincias que incluso superan a la provincia de Misiones. Son Santa Cruz, por ejemplo, donde en un pueblo (Las Heras) donde la mayoría de sus pobladores son trabajadores petroleros, pero los hay municipales, médicos y maestros. Todos están procesados por luchar por sus reivindicaciones. Ahora se sumaron dos vecinos que reclamaron gas natural frente a temperaturas de cero grado”, ejemplificó la abogada.Agregó que “a todo lo largo del país, la conducta es perseguir con el Código Penal a quienes luchan por sus reivindicaciones. Esto lo levantó Aníbal Fernández ya en 2004. Bandera que -lamentablemente- han ido recogiendo a lo largo de todo el país”.Proyecto XEn otro tramo de la entrevista, la dirigente del PO fue consultada por las denuncias judiciales sobre el espionaje a dirigentes y organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras al kirchnerismo y algunas que luego terminaron sumadas al proyecto nacional. “Se avanzó, fruto de las querellas, hasta determinar que existía. Cuando se logró, el Estado puso toda su fuerza del Ejecutivo para que las pruebas al respecto desaparecieran. Es el Estado quien aun debe dar respuestas a esto. Pero el Proyecto X no es el único que existe en las fuerzas de seguridad con respecto a la vigilancia interna. Posterior al Proyecto X se descubrió infiltrado desde hace 10 años en la Agencia Walsh, que era agente federal (Balbuena). Se lo separa de la fuerza con un sumario, que consiste en la investigación de los grupos que lo denunciamos cuando es -teorícamente- un sumario a un agente federal que se hacía pasar por periodista free lance para espiar, respondiendo al Estado, a un mando natural no de manera personal. Posterior al Proyecto X, en que el gobierno kirchnerista instruyó y realizó cursos con recursos a la Gendarmería con la asunción de Milani
en el Ejército, en la Policía Aeroportuaria también se creo un área de inteligencia. Hay una política de inteligencia interna sobre la población por parte del gobierno en su proceso final”, aseguró. Caso Ferreyra: hay cuestiones pendientesClaudia Ferrero fue abogada de los querellantes en el juicio oral por el asesinato del dirigente del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que terminó con el encarcelamiento de altos dirigentes de la Unión Ferroviaria. Incluso, en los últimos días, terminó condenado un perito por manipular las pruebas. “El juicio del perito se desprende de la causa original del asesinato de Mariano Ferreyra por parte de una patota de la UF cuando se movilizaba en defensa de los trabajadores tercerizados. En ocasión de un peritaje de la causa de un proyectil que impactó en Ferreyra, el perito tomó y golpeó sucesivamente el proyectil en la mesa, alterándolo con lo cual llevó a nuevas dudas en el expediente”, explicó a PRIMERA EDICIÓN.“Que lo hayan condenado confirmó que actuó dolosamente y lo hizo motivado por ser contratado por Pedrazza y Fernández de la Unión Ferroviaria para desviar la investigación y mejorar su situación procesal”, opinó. Para Ferrero, tras el juicio del asesinato, “lamentablemente en el ferrocarril no cambiaron demasiado las cosas. Si bien se entregó la cabeza de Pedrazza, su agrupación (La Verde) se mantiene con un recambio. El nuevo secretario General se le atribuye ser dueño de las tercerizadas”. Agregó que “el negocio explotador sigue en pie como los subsidios para gerenciar los FFCC con los resultados que se ven en Once, Castelar, y así sucesivamente”.Sin embargo, cree que sí se lograron cambio con “el encarcelamiento de Pedrazza para fortalecer a un gran sector del movimiento obrero en su enfrentamiento con la burocracia. Y también en adherir al PO y frente de izquierda como expresión política y representativa en el Congreso”.Claudia Ferrero consideró que resta avanzar “sobre dos aspectos aun impunes. De la misma sentencia, hubo absoluciones para los jefes máximos de la Policía Federal. Nosotros creemos que ellos también fueron partícipes del crimen y hemos apelado. También apelamos la condena por homicidio simple a Pedrazza porque creemos que se trató de un homicidio agravado. Y por último, falta avanzar en la investigación de las coimas a Casación en dos sentidos: de llevar a juicio a los acusados y también por llamar a indagatoria a Righi que las escuchas lo comprometen de no ser ajeno a las tratativas e intentos de soborno”.Finalmente, sobre las escuchas entre Pedrazza y el ministro Carlos Tomada (Trabajo de la Nación), opinó que “mostraron el total aval político de todo el Ministerio de Trabajo que existía. En otra escucha hay otro funcionario de primer línea diciéndole a Fernández si le convenía aplicarle la conciliación obligatoria en medio de un paro contra las detenciones de los gremialistas. Después hubo un llamado de (Noemi) Rial el mismo día que allanaron a Pedrazza, poniéndose a disposición. Finalmente, fue Tomada quien lo llamó para asesorarlo sobre cómo debía comportarse para minimizar el impacto político del ingreso de los tercerizados al ferrocarril”.
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