POSADAS. A pocas horas de que la causa prescriba, la Fiscalía de Instrucción 2 de Posadas presentó ante el juez de la causa el requerimiento de elevación a juicio en contra de los tres imputados por el “caso SIP”, que investiga la muerte de dos jóvenes empleados de limpieza de esa empresa que fallecieron luego de manipular químicos proveídos por sus empleadores.La novedad fue confirmada ayer a PRIMERA EDICIÓN por fuentes vinculadas a la investigación, quienes aseguraron que el representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Christian Antúnez, presentó el escrito el último viernes ante el magistrado César Yaya, quien interviene en la causa, al frente del Juzgado de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial.Actualmente, los tres imputados se encuentran procesados por el delito de “homicidio culposo”, que según el artículo 84 del Código Penal Argentino prevé penas que van desde los seis meses hasta los cinco años.Justamente, en base a esa situación es que la causa debía prescribir hoy -basándose en la fecha en que la Justicia llevó adelante la primera declaración indagatoria- aunque ahora, con el pedido de elevación a juicio, los tiempos se extienden y el expediente continúa “vigente”.El “polvo blanco”Según consta en el expediente, la primera víctima fue Ricardo Enrique Caballero (19), quien se desempeñaba como empleado de limpieza de la empresa SIP Armas SA, dedicada a ese rubro y también a la seguridad privada.El 17 de mayo de 2008, Caballero realizaba su trabajo en un geriátrico de Miguel Lanús, al sur del Gran Posadas, cuando comenzó a sentirse mal. Enseguida fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, donde lamentablemente falleció unas cuatro horas después.La misma suerte corrió Andrea Itatí Pérez (27), quien era una de las empleadas de la firma encargada de asear los pabellones de ese centro asistencial. Ese mismo día la joven fue hospitalizada bajo el mismo cuadro que Caballero. Permaneció internada una semana, hasta que su cuerpo dijo basta. Sus tres hijos, entonces de tres, cuatro y diez años, habían perdido a su madre.Hasta ese momento no se tenían certezas sobre los motivos de las muertes, aunque las autopsias comenzaban a develar la verdad: paro cardiorrespiratorio y edema cerebral.Llamó la atención que en los días siguientes otros cuatro empleados de limpieza de la firma debieron ser internados bajo el mismo cuadro, por lo que se inició una investigación que dio a conocer el trasfondo de lo que ocurría.Así fue como la Justicia determinó que unos pocos días antes de la muerte de Caballero y Pérez desde la empresa habían comenzado a utilizar un “polvo blanco” en reemplazo de la tradicional lavandina líquida. Justamente, tanto las víctimas fatales como los otros cuatro internados habían diluido ese producto semanas antes de caer en desgracia.La investigación forense fue determinante y allanó el camino de la Justicia Penal: las víctimas habían sufrido intoxicación masiva luego de inhalar y estar en contacto con altos niveles de cloro.A principios de febrero de 2011 el juez Yaya entendió que la evidencia recolectada en la instrucción era más que suficiente y procesó a los tres imputados por “homicidio culposo”. Se trata de dos mujeres, madre e hija y “socias gerente” de la firma, y de un empleado jerárquico que habría sido el encargado de distribuir el “polvo blanco” entre los empleados.Según trascendió a la prensa en aquel momento, el juez consideró que los hechos se produjeron por “imprudencia” de los responsables de la empresa.Pese a todo, la defensa apeló ese auto de procesamiento, aunque un tribunal de alzada finalmente lo confirmó. Entonces, los representantes legales acudieron en casación al Supremo Tribunal de Justicia, desde donde aún no regresó al Juzgado interviniente.Así las cosas, la causa debía prescribir hoy, pero la presentación fiscal prolongó los tiempos de la investigación, a la espera de lo que finalmente se resuelva.
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