ELDORADO. La Justicia posó su mirada y sospechas sobre otros dos integrantes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por su presunta complicidad y connivencia con los oficiales jefes procesados por las gravísimas irregularidades en la Unidad Penal III de Eldorado.Se trata de personal subalterno que, de alguna manera, “trabajaba para la corona”. Es decir, por conocimiento u omisión, contribuían a que aquellas irregularidades fueran posible.Eso al menos es lo que sospecha el personal abocado a esta investigación, perteneciente al Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo del juez subrogante Juan Pablo Fernández Rissi.Tal como lo publicara este diario en la edición de ayer, el magistrado procesó a cuatro oficiales jefes del SPP por los delitos de “abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.La resolución recayó en los alcaides inspectores Javier Edelmiro Núñez y César Florentín Barberán; el alcaide auxiliar Raúl Marcelo Meza y el alcaide principal Rubén Cabrera.Los cuatro trabajaban en la cárcel de Eldorado cuando estalló el escándalo que PRIMERA EDICIÓN reprodujo en exclusiva en abril pasado.La denuncia se radicó en el Instrucción 2 de Eldorado y apuntaba a gravísimas irregularidades en la UP III. Entre ellas, la instalación de carpas para encuentros íntimos que beneficiaban a “presos vip”; la venta de mercaderías al exterior del penal que debería ir a la población carcelaria; la comercialización de celulares dentro de los pabellones por parte del personal penitenciario; y hasta el sospechoso ingreso de marihuana y psicofármacos.Las anormalidades no terminaban allí. También se detectó el egreso de convictos, supuestamente para trabajos comunitarios, sin la pertinente autorización judicial ni en condiciones de acceder a semejante beneficio.En este caso, la irregularidad fue confirmada por el Tribunal Penal 1 de Eldorado, que brindó un detallado informe en el que confirmó que ninguno de los presos que salían del presidio se encontraban autorizados ni en condiciones de hacerlo.Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que los otros dos penitenciarios sospechados en la causa serán citados a indagatorias, en calidad de imputados. Pero la pesquisa quedará para después de la feria judicial. La acusación del delito de “peculado”Entre los cargos que la Justicia endilgó a los cuatro oficiales jefes del SPP figura el delito de “peculado”.Esta calificación se encuentra en el capítulo 7 del Código Penal, que versa sobre “malversación de caudales públicos”.En este sentido, el artículo 261 expresa que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere, caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada con razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.En el caso de lo que ocurría en la UP III, los penitenciarios están acusados de comercializar, afuera del penal, la mercadería que iba destinada a los reclusos. SatisfacciónNo importó quiénes eran, sus rangos ni las consecuencias políticas que pudiera tener una causa -sobre todo en un año electoral- en la que cuatro oficiales jefes del SPP asomaban seriamente comprometidos con graves irregularidades en la cárcel de Eldorado. Y está bien que así suceda. Concede aire fresco y nuevos bríos a una Justicia siempre sospechada de no entrometerse con los poderosos o los de mayor rango.Cada una de las acusaciones fueron respaldadas con testimonios sólidos y sobre todo, con informes contundentes.Incluso, ni bien trascendió el fondo de la cuestión, el mismísimo Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado allanó la cárcel de esa ciudad para trabajar in situ con personal especializado de la Policía Científica.El mismísimo SPP aportó datos de trascendencia sin importar que su personal era investigado.
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