SAN VICENTE. Personal de la oficina de Tierras de San Vicente inició el lunes pasado el censo a los ocupantes de la ex Maderil. En tanto la concejal del Frente Unidos para la Democracia (FUD) Clelia Carballo presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo envíe los “fundamentos de la apelación” que hizo el municipio luego del fallo de la Justicia que determinó que el dominio de esas tierras volvieran a su antiguo dueño.El lunes pasado, por la madrugada, la Dirección General de Tierras se movilizó hasta la propiedad para iniciar el censo acordado con los ocupantes. El trabajo, que llevará al menos tres meses, comenzó en la picada del kilómetro 1.268, a unos siete kilómetros de la ruta. El personal de la repartición provincial fue acompañado por agentes municipales que prestaron los medios de movilidad.Al conocer la noticia de que el municipio perdió el dominio de las 3 mil hectáreas hace un mes, los colonos solicitaron la intervención del Gobierno provincial para que se encargue de las negociaciones con los actuales propietarios. Según la Ley 3.141, los ocupantes deben pedir a las autoridades que intervengan, de otra manera la provincia no puede involucrarse.El viernes pasado un grupo de colonos de esa propiedad se reunió con el director general de Tierras de la provincia, Antonio Benítez, que les informó los detalles del trabajo que se va a realizar de acá en adelante, con miras a una solución definitiva de la ocupación de esas tierras.Mientras el trabajo de campo comenzó el lunes, el martes pasado la concejal del Frente Unidos para la Democracia Clelia Carballo presentó un proyecto de comunicación en el que pide informes sobre los “fundamentos de la apelación” luego de que el municipio conociera el veredicto del juicio donde le devolvieron el título de propiedad a sus antiguos dueños.El requerimiento de la edil de la oposición pasó a comisión por el voto de la mayoría automática de los concejales del Frente Renovador. A pesar de que Carballo había pretendido el tratamiento sobre tabla y el acompañamiento de sus pares.Clelia Carballo dijo en su justificación que “no sabemos en concreto si se apeló o no. Dicen que apelaron y si es así que el Ejecutivo envíe los fundamentos con los cuales apeló. Parece que tienen por perdido y la apelación es un proceso judicial que se puede ganar. Por eso existe y en muchos juicios se dio vuelta con una buena defensa”.Por su parte, el concejal renovador Gabriel Espinosa dijo que “no se entiende en qué momento se le prohibió al municipio regularizar la situación de una parte de la propiedad que ya estaba aprobada la mensura por la Dirección Catastro. Además, cómo se puede entender como se llegó a esta instancia si había un título de propiedad que la provincia le había entregado al municipio. Tiene que haber algún responsable de esta situación y si tiene que caer alguna cabeza que caiga”.El concejal Espinosa pidió que se trabaje bien en comisión y que se haga un pedido de informe completo para que se tenga toda la información del proceso judicial.La edil del FUD se preguntó “¿por qué recibimos el 7 de mayo la sentencia de la Justicia, si salió el 21 de marzo? Como cuerpo deliberativo teníamos que haber sabido antes para acompañar al Ejecutivo en defensa de los ocupantes”.
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