ELDORADO. El escándalo público explotó en abril pasado, a través de una publicación exclusiva de PRIMERA EDICIÓN que revelaba una investigación judicial contra la cúpula de la Unidad Penal III de Eldorado, acusada de recibir sobornos y permitir gravísimas irregularidades puertas adentro de la prisión.Una trama de drogas, privilegios y sobornos que involucraba a los más encumbrados funcionarios de esa cárcel, que para entonces habían sido apartados de sus cargos.La investigación judicial se inició en el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo por subrogación legal del juez de Puerto Iguazú, Juan Pablo Fernández Rissi.Promoción de la prostitución, narcotráfico, desvío de partidas y otras graves irregularidades asomaron entre las acusaciones contra cuatro efectivos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).Ahora trascendió que al menos tres de ellos están seriamente comprometidos y que la Justicia resolvería su situación procesal en las próximas horas.La realidad sería más que delicada. Uno de ellos, incluso, podría afrontar cargos por narcotráfico. Está sospechado de ser la persona que ingresaba marihuana a la prisión para comercializarla entre los internos.En una de las redadas, cuyos resultados saltaron a la luz tras el apartamiento de tres penitenciarios de alto rango, se detectó e incautó marihuana en uno de los pabellones.Fuentes de la investigación dejaron trascender que ese mismo hombre era investigado el año pasado por la Policía Federal, aunque no trascendió hasta dónde llegó la misma o si continúa en trámite.El nuevo capítulo de esta historia trascendió cuando la Justicia se apresta a resolver la situación procesal de los acusados. En un principio fueron cuatro los funcionarios citados a declarar en indagatorias, aunque se comentó que son tres los que están seriamente comprometidos.Como mínimo, se escuchó, podría corresponderles la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.Pero la cosa, al parecer, iría mucho más allá, con acusaciones mucho más severas.Puertas adentro del SPP, las autoridades estarían más preocupadas en determinar quién fue el “topo”, soplón o como quieran llamarlo que filtró la información a la prensa que en trabajar para que episodios de esta naturaleza jamás se repitan.En la causa no sólo hay indicios acerca del ingreso de drogas al penal; también de la entrada de prostitutas para que reclusos puedan tener encuentros íntimos en carpas montadas en distintos puntos del presidio, a cualquier hora y fuera de los días y horarios de visita.La Justicia también investiga el supuesto desvío de partidas de mercaderías y víveres para su comercialización en el exterior de la prisión, cuando iban destinadas a satisfacer la demanda de la población carcelaria.La causa saltó a la luz en abril pasado, a partir de la denuncia de la esposa de un interno y de un efectivo del SPP, harto de ver tanto desmanejo sin que las autoridades muevan un dedo. Ahora, la palabra la tiene la Justicia.
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