BUENOS AIRES (NA). El Gobierno podría disponer en breve la suspensión de la venta de líneas de telefonía móvil si las empresas no ponen en marcha urgente un plan para mejorar la calidad del servicio, deficiente en muchas partes del país. Así lo dispuso la administración kirchnerista con la publicación este jueves en el Boletín Oficial del decreto 681/2013, el cual ordena la modificación del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones. El Gobierno asegura que resulta imprescindible otorgar a la Secretaría de Comunicaciones la facultad de disponer, a fin de evitar un deterioro grave en la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas preventivas que resulten idóneas. En ese sentido, señaló que una de las decisiones podrá ser la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las empresas, con el objetivo de garantizar al usuario “el efectivo cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones”.A partir de ahora, la Secretaría tendrá que dictar en un plazo no mayor a treinta días un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por las compañías Personal, Movistar, Claro y Nextel. “(Esto será para) un uso eficaz, eficiente y racional de la red y del espectro radioeléctrico en atención al avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios”, dice el decreto rubricado por la presidenta Cristina Kirchner. La norma también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y del ministro de Planificación, Julio de Vido, de cuya cartera depende la Secretaría de Comunicaciones.En los considerandos, la norma hace hincapié en que “a partir de la información provista por las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles, la autoridad de control constató que durante el período comprendido entre febrero y abril de 2013, se incrementó la cantidad de reclamos efectuados”.Entre ellos se destacan los realizados “por créditos prepagos (86,41%); por servicios de datos (70,65%); por facturación (24,72%); por servicio de mensajería corta (SMS) (10,16%), y por acceso al servicio (6,54%).También se indica que “resulta primordial para el Estado nacional que los emprendimientos que se realicen a nivel sectorial promuevan la inversión y la generación de empleo, no encontrándose la planificación y administración de las redes y del espectro radioeléctrico ajenas a esas políticas públicas”.Además, se puntualiza que “resulta de interés prioritario, a fin de salvaguardar los derechos de los usuarios, establecer nuevos requisitos de calidad del servicio que garanticen una eficiente prestación y exigir a los licenciatarios una permanente adecuación de sus redes de modo tal que se satisfagan tales requerimientos”.





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