BUENOS AIRES. Luego de que el juez federal Ariel Lijo archivara la causa tras considerar que no era un delito de lesa humanidad, la Cámara Federal porteña aseguró que esa decisión fue “prematura” y ordenó que se reabriera.Para el 6 de mayo Lijo citó a declarar como testigo a Carlos Flaskamp, ex oficial de la guerrilla Montoneros que, según acusan la diputada Claudia Rucci y su hermano Aníbal, perpetraron el homicidio.Otro citado a prestar testimonio es Ricardo Grassi, periodista que vive en Roma, Italia, ex director del semanario “El Descamisado”, órgano oficial de Montoneros de 1973 a 1975, cuya declaración será por teleconferencia en fecha aún a determinar.Claudia y Aníbal Rucci, patrocinados por el abogado Miguel Ángel Plo, pidieron que declaren también, en principio como testigos, los ex jefes montoneros Mario Firmenich -residente en España-, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, este último actual ministro de Obras Públicas en Río Negro. También reclamaron la testimonial de Ernesto Jauretche, secretario bonaerense de Municipios al momento del crimen, en los años 90 funcionario del gobierno de Carlos Menem y disertante en eventos organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación.Para los Rucci, la declaración de Jauretche es clave pues, según sostienen, él alquilaba un departamento en el barrio porteño de Flores y lo cedió como cuartel general para el operativo, pues quedaba a ocho cuadras de la casa en que emboscaron al jefe de la Confederación General del Trabajo (CGT).En agosto de 2012 el juez Lijo consideró que el crimen había sido perpetrado por Montoneros, aunque argumentó que no podía ser considerado “delito de lesa humanidad” y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.Los Rucci, en cambio, sostienen que es delito de lesa humanidad porque hubo participación del Estado ya que el grupo comando y las armas se transportaron en coches oficiales de la gobernación bonaerense que supuestamente facilitó Jauretche.
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