BUENOS AIRES (Medios digitales). La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza reclamó nuevamente ayer la reactivación de la causa judicial por la muerte por electrocución de Pablo Plaul, ocurrida en 2006 en un viaje solidario y de estudios en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, que según indicaron, la Justicia local archivó. El 19 de octubre de 2006 Pablo, de 17 años, se resbaló jugando al vóley en el predio del hotel Raíces y al sujetarse instintivamente de una farola, recibió una descarga eléctrica mortal. El reclamo de reactivar la causa es acompañado por familiares y amigos del estudiante muerto, quien integraba un contingente de alumnos del Colegio Parroquial San Justo en viaje de estudios a la Ciudad de las Cataratas. Según la APDH matancera, “los magistrados intervinientes adoptaron resoluciones que extendieron un manto de impunidad sobre los responsables del homicidio”. En consecuencia, considera urgente que el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, a cargo del juez Juan Pablo Fernández Rissi, reabra el expediente y “que declare la nulidad del indebido sobreseimiento a un empresario acusado en su momento”. También pidió que acepte a Héctor Plaul, padre de Pablo, como “particular damnificado” y así pueda actuar como querellante. La entidad subrayó que “estas medidas fueron solicitadas pero los funcionarios judiciales incurrieron en demoras injustificadas”. En septiembre pasado, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora); Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza, y el abogado Alejandro Bois solicitaron a Fernández Rissi la apertura de la causa archivada en agosto de 2011, sin culpables y con el sobreseimiento de los responsables del hotel. “Es indispensable que el Poder Judicial de la provincia de Misiones garantice que se escuche a las víctimas y llegar a un juicio oral con las garantías que consagra la Constitución Nacional y los tratados sobre Derechos Humanos firmados por el país”, declaró la entidad. Los allegados a la víctima recordaron que en la causa se determinó que las instalaciones del hotel estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal local Alejandro Monzón procesó a un empresario que era el encargado del complejo hotelero donde se produjo la tragedia, por “homicidio culposo” y luego, “con la misma prueba”, afirman, lo desprocesó.
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