POSADAS. Inmerso en una crisis depresiva, con un dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi) que encontró una acción persecutoria en su contra por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), pero ante todo por la falta de respuestas concretas del directorio que preside Eduardo “Balero” Torres por revertir la situación, el dirigente gremial José Daniel Arrúa inició una demanda en el Juzgado Civil y Comercial 4 de esta ciudad contra el Instituto y, puntualmente, contra Torres.“El IPLyC nunca le devolvió su pertenencia y puesto de trabajo, tiene los sueldos congelados con préstamos tomados. Hoy Arrúa gana menos de la mitad de lo que percibe un trabajador en el IPLyC”, explicaron familiares a PRIMERA EDICIÓN.Ahora, tras haber dado el paso judicial, piden que la Justicia se expida con la mayor celeridad “por el daño psicológico que tiene a partir de todo lo ocurrido”, agregaron.El monto peticionado en la demanda judicial es de 2.455.513 pesos y surge de calcular los haberes que debió percibir el agente de haber seguido en el instituto, con la categoría y la antigüedad que tenía al momento de ser trasladado a Salud Pública. Además de los premios y ayudas por fechas especiales que el IPLyC entrega a los trabajadores. Según el escrito judicial “el actor percibe su salario en la actualidad en el Instituto Provincial de Lotería y Casino, destinándose de sus arcas los fondos para tal fin como otras personas que optaron por quedarse en el régimen del Estado, quienes por sus funciones perciben distintos aumentos como siempre ha sido, salvo en el caso del actor. Incrementos que le fueran otorgados por el Instituto a su personal pero negados al actor quien debe ir todos los meses a cobrar su magro sueldo”.Durante su primera presidencia en el IPLyC, “Balero” Torres denegó el pase a la SE de Arrúa y lo trasladó. Ahora, que regresó, tras cumplir su período de senador, el funcionario de estrecha relación con el gobernador no dio entidad al dictamen del Inadi y menos aún marcha atrás a sus errores discriminatorios.Una larga luchaJosé Daniel Arrúa es militante del PJ. Cuando triunfó la renovación en Misiones, Torres se hizo cargo de una de las cajas más importantes del Estado: el IPLyC. Allí, el personal aún dependía del régimen de la Ley 1.556. Arrúa, era jefe de Fiscalización de Agencias Oficiales pero fue inmediatamente desplazado del cargo, “no otorgándole función alguna, le sacan su escritorio, sus elementos de trabajo y lo desplazan de su oficina, es decir, el actor no tenía lugar para desarrollar su trabajo, debiendo deambular por el edificio”, indica la demanda judicial.Al momento de transformarse en Sociedad del Estado, como la ley indica, el personal sería trasladado al régimen Ley de Contrato de Trabajo. En 2004, por resolución 274 de Torres, se le negó sin fundamento alguno a Arrúa ese derecho y se admitió a otros 39 trabajadores que firmaron la solicitud junto con él, resultando el único excluido del grupo.Meses después, el 15 de marzo de 2005, Arrúa fue designado “delegado normalizador de ATE en el IPLyC”. Sin embargo, quince días después, “Balero” Torres firmó la resolución por la cual el delegado gremial fue adscripto al Ministerio de Salud, “aún cuando estaba vigente el mandato como delegado normalizador durante el término de noventa días”, resaltó el dictamen del Inadi que declaró el traslado como una medida discriminatoria.Depresivo, con dosintentos de suicidioEn la demanda judicial se hace mención a un informe psicológico de un especialista en Psiquiatría, médico legista, especialista en psicoinmunoendocrinología que atendió a José Daniel Arrúa. El mismo indica que “el paciente refiere haber sido discriminado laboralmente y persecución en su lugar de trabajo por superiores, maltrato de tipo psicológico y además traslado de su lugar de origen. A partir de ese acontecimiento, se produjo una descompensación en su estado psíquico, empezando con graves problemas en su vida social, laboral, familiar y relación con su entorno, posterior a este hecho se produjeron los dos intentos de suicidio, con ingestión de altas dosis de ansiolíticos y alcohol, empeoramiento de los síntomas antes manifiestos”. Entre ellos menciona: “Apatía, decaimiento, retardo psicomotor, angustia intensa crónica, sentimientos de minosvalía e inferioridad, hostilidad hacia la sociedad”, entre otros. Por esta razón, diagnosticó que el paciente presenta “una disminución de su capacidad laborativa del 95% desde el mes de agosto de 2011”, según el escrito judicial.
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