BUENOS AIRES (NA). La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP), compuesta íntegramente por laicos, lanzó duras críticas a la propuesta de reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y consideró que “la politización” de los magistrados “es inadmisible”.El documento fue emitido en coincidencia con la última jornada de reunión de la Comisión Permanente, presidida por José María Arancedo, aunque la reforma judicial no fue tratada por los obispos, supo Noticias Argentinas de fuentes eclesiásticas.La CNJP, que preside el laico, Gabriel Castelli, elevó un documento en el que cuestionó las iniciativas que la presidenta Cristina Kirchner presentará en el Congreso para “democratizar” la Justicia.“La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria”, resaltó el cuerpo.Según consideró, “es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia”.La comisión también apuntó contra “la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura”, al evaluar que “es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias”.El cuerpo enfatizó: “La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia, ha elegido la República”.En ese sentido, indicó que “en la República los gobernantes están al servicio de la ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla”.El organismo evaluó que los “argentinos deben aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del todo o nada”.Sobre las “presiones” a magistrados, sostuvo que “la utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados”.La comisión opinó también sobre el pago de los jueces al impuesto a las Ganancias y señaló que “la modificación que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
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