El Gobierno nacional prorrogó hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para que los organismos del Estado rescindan o reformulen contratos que otorgaban preferencias o beneficios a empresas con participación estatal, como parte del proceso iniciado para eliminar prerrogativas en las compras públicas. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 928/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión extiende el plazo originalmente fijado por el Decreto 747/2024 -ya prorrogado una vez- y habilita a las distintas jurisdicciones a ampliar o prorrogar contratos vigentes celebrados bajo los regímenes anteriores, en los casos en que lo consideren necesario, hasta la nueva fecha límite.
Según los fundamentos del decreto, persisten dificultades para completar los procesos licitatorios destinados a reemplazar esos contratos por esquemas competitivos y abiertos, lo que llevó al Ejecutivo a evitar un eventual vacío operativo en servicios esenciales.
Entre los procedimientos ya concluidos, el Gobierno destacó la adjudicación de acuerdos marco para cuentas sueldo, seguros de riesgos del trabajo y distintos seguros patrimoniales, todos ellos celebrados durante 2025 mediante licitaciones públicas. Sin embargo, otras contrataciones clave siguen inconclusas o fracasaron, en particular las vinculadas a la provisión de combustibles y a la gestión de flotas oficiales.
En ese sentido, el decreto detalla que una licitación para la provisión de combustibles y servicios de gestión de flota fue dejada sin efecto tras recibir una única oferta para uno de sus renglones, mientras que otra convocatoria para combustibles a granel avanza con múltiples renglones declarados desiertos o fracasados.
A la par, aún se encuentra en etapa de elaboración el anteproyecto de pliego para una futura licitación destinada a la compra de pasajes aéreos, otro de los servicios alcanzados por el proceso de revisión de contratos con empresas estatales.
El esquema que ahora se prorroga surgió a partir del Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no deben gozar de prerrogativas de derecho público, y fue profundizado en 2024 con la derogación de normas que obligaban al Estado a contratar de manera preferencial con firmas como YPF, Aerolíneas Argentinas y Nación Seguros.
No obstante, la prórroga refleja las dificultades administrativas y técnicas para completar en tiempo y forma el rediseño del sistema de compras públicas, en un contexto de transición que el Ejecutivo busca administrar sin interrumpir la prestación de servicios básicos.
El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
