La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación aprobó este jueves el dictamen que propone la prórroga de la designación de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. La magistrada, con 48 años de trayectoria en la Justicia y 23 en ese tribunal, compareció personalmente para defender su postulación y alertar sobre la grave crisis institucional que enfrenta la Justicia federal en la provincia de Misiones.
Durante su exposición, Tyden destacó su “plena aptitud física y psíquica” para continuar en el cargo y subrayó la importancia de su experiencia en un momento clave: la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que entrará en vigencia el 18 de marzo en Misiones. “Quisiera terminar mi trabajo en la Justicia federal aprendiendo la aplicación de este código que es completamente distinto, no es inquisitivo, es adversarial”, señaló.
La jueza describió un panorama crítico: en Misiones -provincia con 80% de frontera fluvial y 20% terrestre- los delitos federales más comunes son el contrabando, el tráfico de estupefacientes y la trata de personas. Sin embargo, la jurisdicción sufre una severa falta de recursos humanos: un solo fiscal activo, una vacante en la Cámara Federal y, a partir de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal quedará con un solo integrante.
“Un juez de primera instancia maneja entre 15.000 y 18.000 causas. Es imposible dar una atención primaria con esa carga”, advirtió Tyden, quien también denunció las condiciones carcelarias y la sobrerrepresentación de personas vulnerables en prisión, muchas veces “el último eslabón de la cadena delictiva”.
Además, destacó avances en materia de derechos humanos, como la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia y fallos a favor de personas trans, y reiteró la necesidad de una mirada “multisectorial” sobre las distintas formas de vulnerabilidad, especialmente en zonas fronterizas.
Por su parte, el senador misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social) actuó como validador local de la jueza, destacando su “respeto profesional y social” y la “vulnerabilidad geográfica” de su provincia, con 36 pasos fronterizos habilitados y extensas zonas donde se puede cruzar “a paso de hombre”.
Los senadores presentes respaldaron unánimemente la prórroga. Martín Lousteau (UCR) y Maximiliano Abad (UCR) aprovecharon la ocasión para exigir al Poder Ejecutivo que cubra las 337 vacantes judiciales en todo el país y destine fondos para la implementación del nuevo Código Procesal. “No es una cuestión de política, es una cuestión de construir una justicia robusta que dé respuestas a los argentinos”, concluyó la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (PRO).
El dictamen ahora pasará al recinto del Senado para su tratamiento definitivo.
