La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un llamado a un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso, en respuesta a la inminente convocatoria del Senado para tratar los decretos presidenciales que buscan modificar o eliminar organismos clave del Estado. La medida, que se activará apenas se confirme la sesión en la Cámara Alta, busca profundizar la presión política y social para frenar lo que el gremio define como un “desmantelamiento estructural” del aparato público.
La protesta no será uniforme: cada seccional distrital de ATE podrá decidir su forma de adhesión, desde ceses de actividad, asambleas internas, retiros progresivos a partir del mediodía, hasta cortes de rutas y acampes frente a sedes gubernamentales. La estrategia apunta a multiplicar la visibilidad del rechazo sin depender únicamente de una movilización centralizada.
Este miércoles 20, ya en forma previa, el sindicato se concentrará desde las 12 frente al Congreso para exigir a los diputados que rechacen los vetos presidenciales a tres leyes recientemente aprobadas: la extensión de la moratoria previsional, el aumento extraordinario para jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para ATE, estos vetos son parte de una política de ajuste que profundiza la precarización social.
“Estamos cerca de frenar la motosierra. Ahora le toca al Senado”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en un mensaje cargado de tensión política. “Tenemos que impedir el remate de todo el patrimonio estatal. No podemos permitir que nos gobiernen por decreto”, agregó, en referencia a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno de Javier Milei impulsa para reformular el Estado sin pasar por el debate legislativo.
Entre los decretos en la mira se encuentran el DNU 462/25, que afecta al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el 351/25, que pone en riesgo la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/25, que dispone la disolución de Vialidad Nacional. Todos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados, pero aún deben ser tratados en el Senado. Si allí se repite el rechazo, los decretos perderán validez.
El fallo del Juzgado Federal de San Martín, que ordenó la suspensión del ajuste en el INTI, fue celebrado por el gremio como una victoria judicial frente a la avanzada ejecutiva. “La Justicia reconoció que no se puede desmantelar el Estado por decreto. Ahora el Congreso tiene que hacer lo mismo, pero con todas las instituciones en juego”, señaló Aguiar.
Aunque aún no hay fecha oficial para la sesión en el Senado, ATE adelantó que el paro se concretará apenas se anuncie el tratamiento. Si no se convoca esta semana, el gremio fijará una jornada definitiva para mantener la presión y exigir celeridad en el trámite parlamentario.
La escalada de conflictos entre el movimiento estatal y el Ejecutivo marca un nuevo capítulo en la disputa por el rol del Estado. Mientras el gobierno insiste en una “reducción del aparato burocrático”, los trabajadores denuncian una degradación institucional que, según advierten, afecta servicios esenciales, la ciencia, la producción y los derechos laborales.
Con el Senado como nuevo campo de batalla, ATE apuesta a la movilización como herramienta para forzar una decisión política: que el Congreso ponga límites al poder discrecional del presidente.
