Los anuncios que se vienen realizando desde la Nación, la provincia y algunos municipios como Posadas, de generar adecuaciones en los gastos políticos en las administraciones, reflejan que palabras como austeridad, ahorro y recortes formarán parte de la agenda de gestión de 2018.
El reciente Consenso firmado (que ahora espera su ratificación en el Congreso Nacional), sumado a la Ley de Responsabilidad Fiscal acordada entre los gobernadores y Macri, tendrán su repercusión en las arcas también de las comunas, especialmente si se avanza con las modificaciones en materia tributaria.
Muchos intendentes siguen creando áreas innecesarias para incorporar punteros, parientes y amigos a algún espacio de Gobierno por el simple hecho de devolver ayudas en la campaña. Peor aún, cuando se producen los recambios como el de hoy en algunos ámbitos parlamentarios, donde los que se van de sus cargos se aseguran antes que sus secretarios, asesores y demás queden en la planta permanente de los Concejos, sabiendo del escaso dinero existente para seguir sosteniendo un alto gasto político. Claro está que, después, los jefes comunales (no todos, por supuesto) no llegan a juntar para el pago del aguinaldo y ni hablar de un bono de fin de año como el que anunció la provincia para los estatales activos y pasivos.
Son tiempos para gobernar con austeridad, que sea notoria aunque cuesten críticas sobre todo internas por los que quedarán sin cargo, porque serán los electores (a la vez contribuyentes) los que apoyarán un gasto medido de recursos, que son escasos para mantener estructuras de funcionarios innecesarias, que permitan redireccionarlos hacia áreas como la salud, la educación, la contención social, la obra pública.
Un ejemplo de estos días, se da en Apóstoles, donde corre riesgo la continuidad del servicio de Maternidad del Hospital de Área por falta de anestesista, debiendo derivarse a Posadas a las mujeres a punto de parir.
Finalmente, se espera que el anuncio del Tribunal de Cuentas de auditar las empresas con participación estatal como EMSA o el IPLyC, se haga sin condiciones, como fue la auditoría en la gestión Ferreyra de la que nunca se supo qué determinó. Sobre todo, sin los largos tiempos que se toma el TCM para determinar las faltas que implican muchos recursos mal administrados de los que no se conocen casos de funcionarios que hayan devuelto el dinero al erario público
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